A juicio el vicealcalde de Alicante con Sonia Castedo por amaños en el plan E de Zapatero

El juzgado de Instrucción número 2 de Alicante ha abierto juicio oral contra el vicealcalde de Alicante en la etapa de Sonia Castedo, el popular Andrés Llorens, el técnico municipal José María Lidón, y los empresarios Juan Manuel Valdivieso y Javier Álvarez por supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras del plan E impulsado por el que fuera presidente del Gobierno, el socialista José Luís Rodríguez Zapatero.

La magistrada Patricia Romero eleva la causa a la Audiencia Provincial tras fijar una fianza conjunta y solidaria a los cuatro encausados de 2.111.664 euros en concepto de responsabilidad civil, según el auto de apertura facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

En el banquillo, cuya fecha de inicio del juicio tendrá que resolver la Audiencia, Llorens y los otros tres investigados se enfrentan a la petición de la Fiscalía Anticorrupción de cuatro años de cárcel para cada uno por delitos de prevaricación y fraude durante 2009 y 2010, fecha en la que el gobierno de España ejecutó el Plan E junto con los ayuntamientos como medida para paliar la fuerte recesión económica que atravesaba el país.

En concreto, el fiscal Felipe Briones sostiene la existencia de connivencia necesaria entre el que también era concejal de Atención Urbana y ahora fuera de la política, Andrés Llorens y el técnico municipal Lidón a la hora de adjudicar tres obras concretas en la ciudad a los responsables de las empresas CCMS y Becsa.

Según contó Información, Briones ha estimado en 1,6 millones de euros el perjuicio causado a las arcas municipales por estas supuestas adjudicaciones irregulares cuyo presupuesto ascendía a los 7,3 millones de euros. Los abogados de los cuatro investigados tienen diez días para formular sus escritos de conformidad o disconformidad con un auto contra el que no cabe recurso.

Sonia Castedo

La apertura de juicio oral al vicealcalde Llorens se produce antes de que su compañera, la que fuera alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, se sienta en el banquillo de los acusados por supuestamente amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para beneficiar al empresario Enrique Ortiz.

Tanto Castedo como el predecesor en el cargo de primer edil, el también popular Luís Díaz Alperi, se enfrentan a diez años de cárcel por los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias por una de las causas separadas del caso Brugal, cuya investigación inicial se inició en 2006 para esclarecer los presuntos amaños la contrata de basuras de Orihuela y que ha desencadenado en un juicio que comenzó en Elche el pasado cinco de marzo.

Mientras tanto Castedo tendrá que esperar para el señalamiento de la fecha del juicio del PGOU tras recusar a las tres magistradas del tribunal de la Audiencia Provincial de Alicante por lo que esta petición, realizada a mediados de marzo, deberá de resolverla el TSJCV, como marca la Ley Orgánica del Poder Judicial.