El caso Alquería sigue secreto tras las declaraciones de los portavoces de Compromís, PP, PSPV y Cs en Divalterra
El caso Alquería continúa secreto tras la declaración como testigos de los cuatro portavoces de Compromís, Ciudadanos, PP y PSPV en Divalterra. Los interrogatorios han girado sobre la contratación como altos cargos de afines a los partidos sin procedimiento de libre concurrencia. La pasada semana la Policía detuvo a seis personas por los presuntos delitos de malversación y prevaricación lo que motivó la dimisión del presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.
La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, María Josep Amigó, de Compromís, ha sido la primera en declarar como testigo y su interrogatorio ante el juez y el fiscal ha durado una hora y media. A su salida ha admitido este viernes que los miembros del equipo de gobierno provincial se han planteado ya que “hay que hacer una reflexión” en torno a la empresa pública de esta corporación Divalterra, la antigua Imelsa.
Amigó ha dicho que no podía hacer declaraciones porque la causa está declarada secreta por el Juzgado de Instrucción número 9 que la lleva desde el pasado 26 de junio, y ha garantizado que su colaboración con la Justicia “es total” y que venía a prestar su testimonio “con la voluntad de colaborar”.
Preguntada sobre si deben dimitir de sus cargos los cinco investigados que aún siguen en sus puestos -Jorge Rodríguez dimitió el pasado lunes como presidente y renunció al acta de diputado provincial-, ha respondido que eso lo deben decidir los partidos políticos a los que pertenecen, en alusión al PSPV y a Compromís.
Ha dicho que el próximo lunes se reunirá el equipo de gobierno para convocar a la Junta de Portavoces que debe fijar, para un día de esa semana, la celebración del pleno donde se haga efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez, suspendido además de militancia en el PSOE y apartado de sus cargos orgánicos en el PSPV aunque mantiene el acta de concejal en Ontinyent, cuya alcaldía ha cedido temporalmente a una de sus ediles.
Amigó ha señalado que desconoce la situación laboral de los investigados y que le parecen legales los contratos de alta dirección cuya legalidad se investiga.
Sobre si Divalterra tiene que desaparecer, un debate abierto en los últimos días por parte de los partidos políticos, ha insistido en reclamar “cautela” pues en ella trabajan “muchísimas personas” y “hay que preservar siempre los derechos de los trabajadores” de esa empresa pública dedicada al empleo provincial y a la gestión forestal.
“Hay que estudiar la situación”, ha añadido para matizar que no solo en Divalterra sino en el resto de entidades de la Diputación y añadir: “Lo que ha pasado en Divalterra no significa que en estos tres años el gobierno haya trabajado mal. Se han hecho cosas buenas y tenemos que mantener los servicios que damos a los pueblos”.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Jorge Ochando, que además es denunciante en la causa, ha asegurado que los seis detenidos deberían dejar de cobrar de la empresa pública Divalterra y de la Diputación de Valencia. Ochando ha explicado a preguntas de los periodistas que el juez y el fiscal solo le han inquirido por los contratos de alta dirección.
También han comparecido como testigos los portavoces de PSPV y PP, Pablo Seguí y Rafael Soler. Seguí ha defendido “la honorabilidad” de sus compañeros de partido detenidos y ha mostrado tranquilidad y confianza. “Veremos si se ha metido la pata, pero seguro que no la mano como dijo el presidente Rodríguez”, ha afirmado.
