Anticorrupción pide reabrir la investigación del 'pelotazo' de Ortiz en Rabassa
Ante el cierre en falso del 'caso Rabassa' por parte del juez César Martínez sin esperar a terminar la instrucción, la Fiscalía Anticorrupción ha reaccionado. El fiscal Felipe Briones ha presentado un recurso en el que reclama la reapertura de la causa judicial que investiga el presunto 'pelotazo' del empresario Enrique Ortiz en los terrenos de la zona de Rabassa (Alicante) con la construcción de un megaproyecto urbanístico y después con la instalación de un complejo de ocio con la firma de muebles Ikea como estandarte.
El ministerio público recurre la decisión adoptada hace unas semanas por el juez Martínez, y le acusa en su escrito de “extralimitarse” al dar carpetazo a la investigación sin esperar a los informes policiales pendientes. En ellos, se desentrañaba, entre otras cosas, el suculento negocio de 7,5 millones de euros que, según los pinchazos policiales, le ofreció la técnico de urbanismo Isabel Campos a Ortiz.
Si para el juez resultaba “indiferente que sea más o menos apropiada la forma en la que se relacionan los empresarios y sus empleados en la persecución del éxito en sus negocios y los políticos y funcionarios en el progreso de la causa pública cuando ninguno de ellos rebase”, para el fiscal realizar esa afirmación es “omitir la relación íntima, familiar que mantenían en la época investigada Ortiz y la alcaldesa del PP”.
El fiscal, en un duro escrito contra el instructor, critica que la causa “ha sido archivada sin estar acabada la Instrucción”. Y censura que el juez “no analice la compleja investigación que se sigue en esta caso” y que reduzca la investigación “a recoger los requisitos legales de los planes urbanísticos y de los tipos penales”.
Anticorrupción considera que “se extralimita en su función e inunda la del juzgador” al hacer una valoración de las pruebas llevadas a cabo. Y afea al tercer instructor que ha tenido este caso de que “no merezcan en el auto ni un renglón” la conversaciones interceptadas por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la policía nacional y que describen el modus operandi de Ortiz y la complicidad de técnicos y de los alcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo -imputada hasta ahora en el caso- en este proyecto.
Con la petición de que cite a dos directivos de Ikea y a un alto cargo de la sección de carreteras del Ministerio de Fomento concluye el fiscal su escrito. A la solicitud del ministerio público se suma la de las acusaciones particulares, PSPV-PSOE y Esquerra Unida, que ya habían anunciado que recurrirían el cierre de la investigación.
