La asimetría valenciana y las otras

Una cosa es la asimetría y otra la injusticia o la falta de equidad. El conseller de Hacienda valenciano, Vicent Soler, baraja en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ha retomado sus convocatorias, la posibilidad de un objetivo de déficit asimétrico que permita a la Comunidad Valenciana un margen de endeudamiento del 1,2%, un punto superior al de otras autonomías, precisamente porque es la peor financiada de todas debido a la injusticia y la falta de equidad de un sistema (caducado hace ya un lustro) que resulta perentorio reformar.

A todo ese sector de la opinión pública y la política que clama al cielo ante cualquier propuesta de asimetría en la organización territorial del Estado no se le ha oído indignarse por las injusticias y la falta de equidad en la financiación que sufren ciertas comunidades autónomas, tal vez porque no todas pero sí algunas de ellas (como Catalunya, pero también el País Valenciano) tienen características culturales, lingüísticas y, en definitiva, históricas, que avalan la propuesta de un federalismo asimétrico en España.

Si repescamos una vieja receta de la transición, y exceptuamos la singularidad del concierto económico previsto en el régimen foral del País Vasco y Navarra, el régimen común hasta ahora se ha basado en la mentalidad del “café para todos”, pero con unos que contribuyen a pagar el café de los otros, mientras dejan a deber el suyo por falta de dinero. A la Comunidad Valenciana, que es contribuyente neta en su balanza fiscal pese a estar por debajo de la media en renta, le faltan más de 1.300 millones de euros anuales, que se convierten en exceso de déficit y se acumulan ejercicio tras ejercicio en una deuda histórica de más de 20.000 millones de euros. Los problemas del modelo autonómico parten de esa desigualdad de fondo tanto o más que de la existencia de naciones, o “nacionalidades históricas”, con dificultades evidentes de encaje político y reconocimiento simbólico.

¿De qué hablamos cuando hablamos de una financiación autonómica justa? Hablamos de suficiencia y equidad en el reparto de recursos destinados a los servicios públicos fundamentales, de una financiación similar para competencias básicas equivalentes. Unas condiciones que actualmente no existen, lo que provoca que entre la comunidad mejor financiada y la peor haya una diferencia de más de 700 euros por habitante al año, una brecha inaceptable.

La reforma del sistema de financiación autonómica que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha comprometido a poner en marcha debe basarse en ese nuevo planteamiento: conseguir la provisión adecuada de los servicios que vertebran el Estado del bienestar (sanidad, educación y servicios sociales), garantizar que ninguna comunidad retroceda económicamente en términos absolutos y, a partir de ahí, articular la solidaridad territorial y compensar las diferencias demográficas, sociales y económicas de España.

¿Y qué es entonces el federalismo asimétrico? Se trata de un sistema de organización territorial que permite acomodar realidades nacionales diversas, lo que se traduce en que unos gobiernos ejercen competencias distintas a otros, bien porque se refieren a su lengua o cultura específicas, bien porque la voluntad de autogobierno de sus sociedades es mayor. No es casual que Euskadi o Catalunya tengan cuerpos policiales propios, mientras que para la Generalitat Valenciana basta, por ejemplo, con una unidad adscrita de la Policía Nacional que ejerce como policía autonómica. O que la Generalitat de Catalunya gestione la política penitenciaria. O que unos gobiernos reclamen gestionar los trenes de cercanías o sean más partidarios que otros de la corresponsabilidad fiscal.

Pero la asimetría del federalismo plurinacional no tiene que ver con la desigualdad, sino con una diversidad que la distinción constitucional entre regiones y nacionalidades apunta desde el principio, aunque lo haga de forma vaga. El hecho es que ese modelo, inspirador de algunas de las propuestas de reforma de la Constitución que se han manejado, debe basarse necesariamente en la igualdad de trato de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y en la provisión eficiente de los servicios fundamentales mediante un sistema de financiación autonómica justo. Eso hoy no ocurre, y las causas son precisamente las contrarias de aquellas que esgrimen los nuevos apóstoles del centralismo.