El bipartito de PP y Vox encara la votación de dos leyes clave con el criterio contrario del Consell Valencià de Cultura

El bipartito valenciano de PP y Vox encara la previsible aprobación de dos de sus leyes clave con la postura contraria del Consell Valencià de Cultura (CVC). El órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, con mayoría progresista al ostentar mandatos de seis años que no se corresponden con los cuatro ejercicios de la legislatura, aprobó en el pleno celebrado este martes informes —muy críticos— sobre las proposiciones de ley de 'libertad educativa' y de la Cooperación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, impulsadas por el PP y Vox. Ambos textos serán sometidos a debate y votación en el pleno de las Corts Valencianes que arranca este miércoles, en el que el bipartito formado por populares y ultras cuenta con mayoría.

Al inicio del pleno del CVC, los cinco consejeros designados a propuesta del PP abandonaron la reunión criticando la “injerencia” del organismo en la labor parlamentaria. Tanto los grupos parlamentarios del PSPV-PSOE como de Compromís solicitaron informes sobre la ley de 'libertad educativa' mientras que la Associació Ciutadania i Comunicació (Acicom) lo pidió sobre la ley de À Punt, la televisión autonómica valenciana. Compromís también solicitó un tercer informe sobre la denominada 'ley de Concordia', cuyo debate y votación en la cámara autonómica está previsto para el siguiente pleno.

Los informes fueron aprobados por mayoría, con 13 votos a favor. El sector minoritario rechazó que el CVC deba pronunciarse sobre leyes que se encuentran en tramitación parlamentaria, cuando habitualmente lo hace sobre anteproyectos.

Ascensió Figueres, miembro del órgano consultivo a propuesta del PP, destacó que “nunca se ha emitido ningún informe sobre una ley en tramitación” y que el reglamento del CVC habla exclusivamente de anteproyectos. “Lo que está claro es que el propósito clarísimo es no entrar en proceso parlamentario cuando una ley está en tramitación”, afirmó Figueres, quien también dijo que “lo más razonable” sería retirar los informes presentados. El consejero José Vicente Navarro, también designado por el PP, incluso aventuró que podría tratarse de una presunta “prevaricación administrativa”.

Por su parte, la consejera Ana Noguera, designada por el PSPV-PSOE, dijo que “siempre hay una primera vez”, en referencia a los informes emitidos a petición de grupos parlamentarios, y lamentó la “voluntad manifiesta de bloquear” el trabajo del CVC por parte de los consejeros designados por el PP. Noguera, quien defendió la “independencia, la autonomía y la libertad de trabajo” del órgano consultivo, también recordó que cada miembro del CVC fue elegido a título individual por dos tercios de los votos de la cámara autonómica y con un mandato de seis años, “lo que preserva la naturaleza de independencia”.

Informes críticos

Los informes sobre las proposiciones de ley de 'libertad educativa' y de la Cooperación Audiovisual de la Comunitat Valenciana, tal como informó este diario, critican con contundencia ambos textos. Por un lado, el CVC considera que la primera “plantea una clara reducción de la enseñanza en valenciano”. Además, el texto legislativo propuesto por PP y Vox “ignora”, a juicio del CVC, el papel estatutario de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a la que corresponde “determinar la normativa oficial del valenciano y velar por el uso normal y normalizado” de la lengua. “No existe ningún precedente de ningún Gobierno anterior que no haya consultado expresamente a la AVL”, recuerda el informe.

Por otro lado, el CVC echa de menos la mención del valenciano como lengua vehicular en la ley sobre À Punt. El informe concluye que no se garantiza el uso y protección de la lengua en la televisión autonómica y advierte de que se elimina el 35% mínimo del tiempo de emisión anual destinado actualmente a las obras de audiovisuales elaboradas por productores valencianos independientes y de producción original propia.

Finalmente, el organismo también aprobó este martes un tercer informe relativo a la 'ley de Concordia' en el que se tilda el texto de “manipulación” y de “ofensa” a las víctimas de la dictadura franquista.