Bosal Sagunto: la oportunidad casi perdida

El caso de Bosal-Sagunto va camino de convertirse en uno de los mayores fracasos de la política económica del Gobierno valenciano del cambio y de una oportunidad perdida para acometer estrategias de creación de empleo estable y de calidad, acorde con el cambio de modelo productivo que todos propugnan pero que nadie hace nada por hacerlo posible. Una parte importante de los trabajadores de Bosal se sienten engañados por un Plan social aprobado por la Generalitat Valenciana ante la situación de desempleo a la que se vieron abocados tras la decisión de la multinacional de cerrar la fábrica de Puerto de Sagunto y que les prometía la recolocación en otras empresas. Hasta la fecha, solamente una persona procedente de Bosal podría recolocarse en la factoría de acero galvanizado Galmed, una empresa perteneciente a la multinacional alemana ThyssenKrupp ubicada en la misma localidad, que ha decidido volver a abrir después de permanecer cerrada desde junio de 2013. El resto de trabajadores esperan ser recolocados, así como cobrar las indemnizaciones y las nóminas que les adeuda la multinacional belga desde que cerró la factoría en el 2014. Más de la mitad de la plantilla tiene más de 50 años, lo que hace bastante inviable la recolocación en el mercado de trabajo de la mayoría de estos trabajadores.

Se trata de una planta industrial dedicada a la fabricación de componentes de automoción, especialmente tubos de escape, que pertenece a una multinacional belga, la cual decidió iniciar un proceso de deslocalización productiva, trasladando la planta de Sagunto a Chequia, donde los salarios son más bajos. La consecuencia de esta decisión ha supuesto llevar al paro a 333 trabajadores, con grandes dificultades de reinsertarse en el mercado de trabajo, adeudándoles más de 15 millones de euros en indemnizaciones y salarios. Se trata sin duda de un abuso de poder por parte de empresas multinacionales, que después de recibir suculentas ayudas públicas y ventajas fiscales por ubicarse en territorio español, en este caso valenciano, en un momento determinado deciden abandonar el territorio y llevarse los puestos de trabajo a otro país donde los costes laborales son más bajos, y así incrementar su cuenta de resultados. Son sin duda decisiones económicas y políticas que habría que revisar con cierta premura. No podemos seguir financiando inversiones de multinacionales que acaban siendo contraproducentes y negativas a largo plazo para la economía y el empleo local.

Pero volviendo al tema de Bosal Sagunto, la pregunta que nos planteamos es: ¿había alguna otra alternativa más viable y adecuada que el Plan social que se aprobó para los trabajadores de la planta industrial?. Sin duda alguna, sí. Dado que la empresa multinacional adeuda millones de euros a sus trabajadores, en vez de ejecutar el Procedimiento concursal, se podría haber cedido la empresa, con todos sus activos, a los trabajadores, para que la gestionaran ellos, constituyendo una empresa de trabajo asociado (cooperativa o sociedad laboral, dependiendo de la voluntad de los trabajadores). Con esta medida, se hubieran conservado los puestos de trabajo y se hubiera mantenido una actividad industrial muy rentable para la localidad y la comarca; por cierto, un territorio que ha sido golpeado ya en varias ocasiones con el cierre de importantes plantas industriales. Al mismo tiempo, se hubiera creado una empresa de Economía Social que garantizaría la estabilidad y calidad de los puestos de trabajo y el desarrollo económico y social del territorio. Es decir, empresas con perfil apropiado para iniciar el cambio de modelo productivo hacia una economía sostenible. Por tanto, había una solución mucho más apropiada que no sé entiende por qué no fue considerada por los gobiernos local y autonómico en su momento.

Llegados al punto en el que se encuentra la situación actualmente, con un procedimiento concursal muy avanzado y un enrocamiento por parte del gobierno municipal en relación con el Plan social sin querer plantear ninguna otra posibilidad, ¿existe alguna oportunidad para resolver el problema?. Pienso que aún estamos a tiempo de plantear la creación de una empresa recuperada por sus trabajadores con el apoyo de la Generalitat Valenciana. Hay un grupo de trabajadores, suficiente, que están dispuestos a seguir adelante con el proyecto de creación de una cooperativa de trabajo asociado, conscientes de que se trata de un negocio viable desde el punto de vista económico y muy positivo desde el punto de vista social y laboral. La Conselleria de Economía Sostenible, Sectores productivos, Comercio y Trabajo y en particular su Dirección General de Economía, Emprendimiento y Cooperativismo, tiene la voluntad y la capacidad para favorecer este proceso. El problema reside, como casi siempre en este tipo de proyectos, en la financiación. La Generalitat Valenciana debería destinar fondos para facilitar la creación de este proyecto de cooperativa de trabajo asociado, demostrando así sus buenas intenciones por favorecer la Economía Social y el empleo de calidad. Además, es la oportunidad perfecta para que el recientemente constituido Banco de la Generalitat, dependiente del Instituto Valenciano de Finanzas, el cual depende a su vez de la Conselleria de Hacienda y Modelo Productivo, inicie su actividad dedicada a la financiación de proyectos empresariales que permitan reactivar el tejido industrial valenciano. No podemos entrar en la misma dinámica del Gobierno autonómico anterior, según la cual no hay dinero para este tipo de actividades. Los fines que se conseguirían merece el esfuerzo.