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Canal 9 costará más de 200 millones en 2014 a pesar del cierre

Manifestación en Valencia contra el cierre de Canal 9

Voro Maroto

VALENCIA —

La Generalitat gastará más de 200 millones de euros en Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) en 2014 aunque consiga cerrarla antes de fin de año, como es su intención. Sólo en indemnizaciones a los cerca de 1.700 trabajadores de la cadena tendrá que abonar 70 millones, según los cálculos del gobierno valenciano. Deberá abonar otros 100 millones por las deudas (de casi 1.200 millones) generadas en la empresa y, por compra de contenidos, derechos de retransmisión y otros conceptos, tiene compromisos por al menos 20 millones.

En total, un mínimo de 200 millones. Con la Generalitat al borde de la quiebra, no parece que, al menos a corto plazo, el gobierno de Alberto Fabra vaya a disponer de liquidez para invertir en educación o sanidad. “No voy a cerrar colegios u hospitales por mantener Canal 9”, dijo Fabra para justificar el primer cierre de una televisión pública autonómica en España.

De hecho, la Generalitat tendrá que modificar su presupuesto de 2014 para indemnizar el despido de los profesionales de Canal 9, no contemplado en el plan económico ya presentado ante las Cortes Valencianas. De qué partidas se detraerán esos al menos 70 millones es aún un misterio, pero a nadie se le escapa que las cuentas bancarias de la Generalitat están vacías. Fabra acaba de hacer suyo un informe que pide la devolución de competencias al Estado si no se mejora la financiación de la Comunidad Valenciana.

200 millones, que podrían ser más

Los 200 millones, en cualquier caso, son un cálculo conservador. Nadie sabe a ciencia cierta ni cómo ni cuánto costará liquidar RTVV ya que la Generalitat, propietaria de la empresa, no ha presentado un plan detallado. Algunos costes se podrían disparar. Por ejemplo: los 70 millones en indemnizaciones se estiman siempre y cuando el ERE de extinción de empleo indemnice a los trabajadores con 20 días por año de trabajo con un tope de 12 mensualidades. Los sindicatos creen que los despedidos deberían cobrar al menos 45 días, lo que elevaría el coste hasta los 125 millones.

Además, tras la dimisión de la dirección de la cadena, nadie sabe a ciencia cierta los compromisos económicos asumidos por RTVV, pero hay contratos a largo plazo firmados (seguridad, mantenimiento, jardinería, peluquería y maquillaje) cuya resolución anticipada puede estar penalizada. Si la historia reciente de Canal 9 ha estado marcada por el caos, su posible final no lo va a ser menos.

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