Compromís cifra en 317 millones la sobrefacturación producida por la privatización del las ITV
El diputado de Compromís, Fran Ferri, ha hecho público un informe elaborado en 2010 por la Conselleria de Industria que calcula la sobrefacturación de las empresas concesionarias de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) desde su privatización en 1998. Así, este informe establece que las ITV facturaron hasta el año 2009, 317,5 millones de euros más de aquello que marcaron las previsiones establecidas por el Consell con motivo de la concesión del servicio a empresas privadas.
En este informe la conselleria recuerda que la valoración inicial que fijaba el pliegue de concesión como tarifa mediana ponderada de las revisiones de ITV era de 18,47 euros y que finalmente el precio de las revisiones de vehículos llegó a una media ponderada de 46,59 euros, “así mismo, se instauró una prueba de sonometria inexistente al resto del estado, convirtiendo la autonomía valenciana en el territorio del estado donde más caro era pasar la ITV”, señala Ferri.
“Este informe demuestra que el gobierno del PP ha sido consciente en todo momento que la privatización de las ITV ha sido un negocio multimillonario para las empresas concesionarias”, y que además estas son “muy cercanas al poder”. Por ello denuncia el diputado que los valencianos “hemos pagado las ITV a un precio elevadísimo para que se forraran unos cuántos empresarios amigos del PP puesto que, además, no se ha revisado el canon que tienen que ingresar las concesionarias en la administración por sus beneficios”.
Del informe, del año 2010, se deduce que con esa facturación “estaba más que justificada la exigencia de Compromís al Consell del abaratamiento de las tarifas generales de la ITV y de las tarifas de las segundas inspecciones, un abaratamiento que no ha llegado hasta 2014 y en una cuantía que nos sitúa todavía por encima de la media del Estado, alargando todo el que han podido el negocio millonario de estas empresas”, afirma Fran Ferri. Así mismo, se calcula en el documento interno que con esas ganancias las empresas concesionarias podrían haber incrementado sobre manera la construcción de líneas de inspección de vehículos.
Ferri concluye que “las ITV son un ejemplo más de como la privatización de los servicios públicos son en realidad una estafa que perjudica gravemente la ciudadanía para beneficiar empresas muy concretas cercanas al poder”.
