El Consell desalojará 211 viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana

El edificio de la Generalitat desalojado recientemente de ocupas en Velluters

La alta demanda de viviendas públicas en comparación con la disponibilidad de inmuebles de la Generalitat Valenciana está haciendo que la Conselleria de Vivienda se ponga las pilas para recuperar las que están ocupadas ilegalmente.

Y es que, la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha), dependiente de la Conselleria, viene mandando notificaciones de desalojo en los últimos meses en aquellos inmuebles que gestiona y que han sido ocupados de forma irregular.

Al respecto fuentes del departamento que dirige María José Salvador han informado a eldiario.es de que desde el 1 de julio de 2015, se han producido 382 ocupaciones ilegales en viviendas públicas de la Generalitat, de las que ya se han recuperado 171 que están en proceso de reparación.

De esta forma, actualmente quedan 211 casas propiedad de la administración autonómica que están en proceso de desalojo.

Las mismas fuentes han explicado que cuando accedieron al gobierno autonómico en junio de 2015 tras 20 años del PP, se encontraron un parque de vivienda pública totalmente abandonado y sin ningún tipo de control.

Por eso, tras analizar la siutación aprobaron un decreto encaminado a regular la situación de los ocupantes ilegales de viviendas públicas hasta ese momento y a partir de ese momento.

El decreto viene a decir que a los ocupantes de viviendas hasta la aprobación del decreto se les ofrece la oportunidad de regularizar sus situación de forma extraordinaria, para lo cual, se les ofrece un alquiler acorde a sus posibilidades económicas (en algunos casos llegan a ser cuotas de 10 euros) y además, deben comprometerse a ir abonando las cuotas y gastos impagados hasta ese momento.

Si cumplen las condiciones se les mantiene en la vivienda, pero si se niegan a asumir las condiciones, también se inicia un proceso de desalojo, puesto que supone un agravio para los inquilinos que sí cumplen con los pagos estipulados.

En el caso de las ocupaciones posteriores al decreto de 2015, la Conselleria procede en todos los casos a los desalojos. Al respecto, desde Vivienda alegan que la administración no puede permitir nuevas ocupaciones ilegales en viviendas públicas, ya que impiden atender a las familias necesitadas que respetan la legalidad y que están en lista de espera, generan importantes conflictos en los grupos de vivienda social e impiden desarrollar la política de normalización de viviendas en la que trabaja la Conselleria.

Así, las actuaciónes encaminadas a recuperar estas viviendas consisten, en primer lugar, en invitar a los ocupantes a abandonar voluntariamente la vivienda e instarles a que retornen a la solución habitacional en que se encontraban antes de la ocupación.

En el caso de que esto no sea posible y se trate de una situación de emergencia, deben dirigirse a los servicios sociales municipales desde donde se les ayudará a buscar una solución.

En última instancia, si persisten y no abandonan voluntariamente la vivienda, se solicita un auto al juez para que proceda al desalojo.

La Conselleria de Vivienda cuenta en estos momentos con 10.000 personas apuntadas en el registro de demandantes de viviendas sociales, a las que se unen otras 6.000 apuntadas en el listado de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha).

La Generalitat cuenta con un parque público de casi 13.000 viviendas, de las que 8.600 están destinadas a arrendamiento.

En la actualidad hay 1.189 viviendas protegidas dependientes de la EVha que se destinan a alquiler. Las personas que residen en ellas son susceptibles de beneficiarse del Plan de Alquiler Asequible si cumplen los requisitos establecidos. En la actualidad 234 familias ven reducido su arrendamiento tras aplicarles dicho plan.

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Publicado el
27 de julio de 2018 - 22:39 h

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