El Consell del PP eleva al Supremo por “interés general” un recurso que paraliza las obras de mejora de 15 colegios

La Abogacía General de la Generalitat ha presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra las sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que el pasado mes de julio desestimó los recursos interpuestos por la Generalitat para declarar lesivas las delegaciones de competencias firmadas por el Consell del Botànic mientras se encontraba en funciones en julio de 2023, tras haber perdido las elecciones autonómicas.

Como informó elDiario.es, los magistrados dictaminaron que esa delegación de competencias sí podía ser acordada por un Consell en funciones, al tratarse de un “despacho ordinario de asuntos públicos”.

De esta forma, desde que se aprobaron los proyectos en julio de 2023 han estado paralizadas las remodelaciones de diferentes centros escolares en los municipios de Petrer, Burjassot, Casinos, Quartell, Villena, Albalat dels Sorells, Senyera, Sagunto, Mislata, Borriol, Betxí y Benicarló. El importe total de las obras paralizadas asciende a 63,5 millones de euros.

Ahora, al recurrir la Generalitat al Supremo, los proyectos vinculados al Pla Edificant seguirán paralizados hasta que el Supremo se pronuncie, lo que puede llevar meses, e incluso años. Una decisión que la Conselleria de Educación ha justificado en pro del interés general: “Ante esta situación y con el objetivo de obtener un pronunciamiento definitivo sobre una cuestión que se considera de especial relevancia institucional, la Generalitat ha decidido acudir al Tribunal Supremo mediante la interposición de los correspondientes recursos de casación”, afirma la Conselleria de Educación. 

Al mismo tiempo, argumenta que “los informes emitidos por la Abogacía General de la Generalitat avalan que los recursos de lesividad no respondieron a criterios políticos, sino a la voluntad de esclarecer y delimitar cuál debe ser el alcance de las decisiones de un gobierno en funciones, especialmente cuando estas implican compromisos e inversiones de carácter”

En este sentido, “la Generalitat defiende que una de las obligaciones de cualquier administración es velar por la correcta utilización de los recursos públicos y fiscalizar aquellos procedimientos que se consideren susceptibles de afectar a los intereses generales de la administración”, como si no fuera de interés público instalar climatización, ampliar centros o construir nuevos, tal y como se había aprobado.

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades subraya que “el debate jurídico que se plantea trasciende cualquier consideración política y responde a una cuestión de interés general relacionada con el funcionamiento institucional de las administraciones públicas”.

Por ello, es necesario que el Alto Tribunal se pronuncie al respecto: “Lo importante en este asunto es determinar dónde comienzan y dónde terminan las competencias de un gobierno que ha cesado y permanece en funciones, así como esclarece hasta qué punto puede adoptar decisiones que comprometen el presupuesto y la capacidad de gestión del ejecutivo entrante durante los ejercicios siguientes”.

Compromís critica la decisión

El portavoz de Educación de Compromís, Gerard Fullana, ha comentado que “la decisión de acudir al Supremo e intentar paralizar, durante al menos dos años más, estas obras, que ya llevan paralizadas tres años y medio, es una acción de salvajismo institucional”, ha explicado de forma contundente al tiempo que ha añadido que “en política no vale todo, y al final aquí las víctimas son los miles de alumnos que continúan estudiando en una situación deplorable”.

Según Fullana, “todos estos centros tienen una situación de máxima necesidad, como ha dicho el Tribunal Superior de Justicia, y estas obras deberían haberse terminado ya, de hecho, a estas alturas. Lo que hace la conselleria, para ahorrarse este dinero, es lanzar la piedra para bloquear durante dos años más las obras de forma absolutamente irresponsable, ya que es el tiempo que suele tardar el Supremo en responder a este tipo de recursos”.

El diputado valencianista ha recordado que “el Gobierno valenciano del PP envió una carta anunciando un proceso sin precedentes de lesividad” por medio del que “advertía a los ayuntamientos de que, si no renunciaban voluntariamente a la obra, la Conselleria de Educación denunciaría a la propia Conselleria de Educación para anular las obras, que consideraba lesivas para la administración autonómica” y que “no eran de interés público”. No obstante, en todos los casos había comenzado el trámite de adhesión a Edificant años atrás y contaban con informes que acreditaban la necesidad urgente de llevar a cabo las actuaciones.

“Ahora sí sabemos que esta conselleria no está dispuesta ni a construir más escuelas ni está pensando en la educación. Es una conselleria y un gobierno atrincherado y absolutamente irresponsable, que están insultando absolutamente a la comunidad educativa, porque este acto solo puede ser definido como un intento absoluto de humillación”, ha concluido Gerard Fullana.