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La ley que considera a la infancia ciudadanía de “pleno derecho” entra en vigor en Navidad

La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra.

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La ley de valenciana de derechos y garantías de la Infancia y la Adolescencia entrará en vigor el día de Navidad, después de que haya sido publicada este lunes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOCV).

Este detalle ha sido destacado por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en su cuenta de Twitter, donde ha señalado que el DOGV “se ha adelantado unas horas a la Nochebuena, trayendo un regalo para todos los niños, niñas y adolescentes valencianos: igualdad de oportunidades, derechos y voz para todos”.

La norma, aprobada por Les Corts Valencianes el pasado 29 de noviembre, otorga a los niños la consideración de ciudadanos “de pleno derecho”, e impulsa su participación en la vida pública y la promoción de sus derechos.

La ley valenciana de la infancia incluye programas contra el 'ciberbullying' y  priorizará “que la protección se lleve a cabo mediante el alejamiento de la persona maltratadora y no mediante la salida de la víctima de su medio familiar”.

Regula el derecho a que la opinión de este colectivo sea escuchada y tomada en consideración en todos los asuntos que les afectan, y establece el acceso al ocio educativo como un derecho de manera que el exceso de deberes en Primaria no reduzca el tiempo de juego, así como el derecho al buen trato.

Además, sitúa la infancia y la adolescencia en el centro de las políticas públicas; elimina el límite de edad para que se escuche su opinión en el consentimiento informado en los tratamientos médicos, y fija la obligación de los padres a respetar sus convicciones en cuanto a libertad ideológica, conciencia o religión.

También reconoce el derecho a la identidad y la expresión de género, y establece que las Administraciones públicas tendrán que consultar la opinión de los niños en las políticas de ocio educativo o diseño urbano de los municipios.

La ley fue aprobada con los votos a favor de los todos los grupos menos el PP, que se abstuvo al considerar que esta norma es “importante y necesaria” pero les separa “la ideología” incluida en ella, como las referencias a la interrupción voluntaria del embarazo o el consentimiento informado en enfermedades graves.

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