Las leyes y reformas que quedan en el cajón del segundo Gobierno del Botánico
La segunda legislatura del Gobierno del Botánico parece más encaminada a desarrollar las leyes ya aprobadas que a introducir nuevas medidas. Superada la etapa que sus dirigentes llaman de emergencia social o de “rescatar personas”, con el esqueleto legislativo ya construido, el nuevo Ejecutivo dedicará sus esfuerzos a normas de otro rango, principalmente decretos o medidas específicas para colectivos.
Los pilares discursivos del Ejecutivo autonómico llevan a pensar que se elaborará alguna nueva normativa sobre cambio climático o “emergencia climática” y se ahondará en los elementos de igualdad real entre géneros y la integración de los colectivos discriminados. La lucha contra la despoblación y el apoyo al empoderamiento municipal también toman protagonismo, dada la nueva estructura del Consell.
No obstante, al margen de los nuevos proyectos, el Gobierno valenciano debe decidir qué hacer con las leyes que quedaron en el cajón. El adelanto electoral dejó en el limbo un buen paquete de iniciativas legislativas de los grupos parlamentarios y proyectos del Gobierno autonómico valenciano, como la creación del Instituto Cartográfico Valenciano o la Ley del Juego, las dos últimas en llegar a las Corts Valencianes.
La Ley del Juego es uno de los proyectos más ambiciosos de la conselleria de Vicent Soler y busca prevenir a los ciudadanos de la ludopatía, especialmente con la proliferación de casas de apuestas en los barrios populares. La norma busca restringir la cercanía de estos centros entre sí para evitar 'mini Las Vegas' en las ciudades; espacios concentrados que generen per se un atractivo. También alejarlos de los centros educativos y otros espacios frecuentados por menores.
Las leyes de Podemos
En esta legislatura Podem, ahora Unidas Podemos, debe repensar su papel. Cuando la formación morada estaba de socio parlamentario ejercía un doble papel: a veces de apoyo al Gobierno, a veces fiscalizador, casi oposición. Los morados plantearon una serie de leyes que fueron controvertidas y pusieron en un compromiso a sus socios, no del todo favorables a aprobarlas tal como las presentaba el equipo del entonces portavoz, Antonio Estañ.
La portavoz parlamentaria de Unides Podem ya dejaba caer el pasado miércoles la necesidad de abrir en el grupo parlamentario una reflexión sobre sus líneas de actuación de los próximos cuatro años. Naiara Davó señalaba que “no es lo mismo ser Gobierno que no”, pero tampoco lo es ser una formación política que una coalición, ni un grupo parlamentario que ha sido profundamente renovado. Además, los morados deben afrontar en otoño, previsiblemente en octubre si la repetición electoral no lo impide, una nueva Asamblea Ciudadana que elija la sucesión de Estañ como secretario general.
Los morados fueron especialmente beligerantes con la inclusión de la tasa turística en la Ley de Medidas Fiscales, que se aprueba cada año, y no parece que vayan a cesar en esta cuestión, ya que Compromís se ha sumado fervientemente a su defensa. La ley de economía circular, pensada para reducir la generación de residuos y vigilar su tratamiento, también fue un caballo de batalla de la formación morada y la consellera Mireia Mollá ya ha dejado claro que quiere que salga adelante.
Otra norma que quedó olvidada por las discrepancias que genera es la reforma del Estatuto de Expresidentes. El PSPV aboga por la “dignificación” de la figura de los 'molt honorables' y rechaza tomar decisiones “revanchistas, de castigo”, mientras Compromís y Podemos reclamaban “eliminar privilegios”. De momento, una de las primeras propuestas de Podemos se queda en el cajón.
Las diputaciones provinciales generan otra brecha entre las formaciones botánicas. Los morados plantearon su práctica disolución, una cuestión que algunos ven inconstitucional, aunque en comunidades uniprovinciales no estén desarrolladas. Los socialistas enmendaron la propuesta de Podemos porque, a su juicio, las corporaciones provinciales son un buen aliado para los municipios más pequeños y llegan donde la Generalitat no puede. La formación de Antonio Estañ presentó una proposición de ley en septiembre, poco después de que estallara la Operación Alquería en la Diputación de Valencia, pero no llegó a ser debatida.
Modificación de normativas
En el apartado de aspectos pendientes, hay varias normas que requieren de una modificación. Es el caso de la Ley de Espectáculos Públicos, que regula, entre otros, los 'bous al carrer'. La obligatoriedad o no de que haya un segundo médico presente en estos actos divide a los partidos y el PP ya ha presentado una proposición de ley para que se elimine este requisito, que no ha llegado a aplicarse porque se aprobó una moratoria. Otro caso es el de la Ley de Seguridad Ferroviaria, que aún debe crear la Agencia de Seguridad que se prometió a las víctimas del accidente del metro de Valencia. La Sindicatura de Greuges también lleva a la espera de su reforma más de un año.
Con este panorama y esta lista de tareas pendientes, el Parlamento valenciano retomará su actividad el 11 de septiembre con las comparecencias de los consellers para explicar sus proyectos.
