Denuncian en el TSJCV el rechazo del Consell a facilitar las facturas del viaje de Fabra a Roland Garros
El grupo parlamentario Compromís ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) una demanda por la vulneración de los derechos fundamentales de los diputados ante la negativa del Consell a facilitar las facturas del viaje que el President de la Generalitat, Alberto Fabra, realizó a París el pasado mes de junio para presenciar la final del torneo de tenis Roland Garros.
Según ha señalado la portavoz adjunta de Compromís, Mónica Oltra, “hemos tenido que recurrir de nuevo a la justicia ante la opacidad del gobierno de Alberto Fabra”. Desde esta formación piden al Consell saber el coste y poder revisar las facturas del viaje del President a Roland Garros y desde el gobierno del PP “se nos contestó con prepotencia que el coste de ese viaje fue el habitual para ese tipo de desplazamientos, como si los valencianos no tuviéramos derecho a conocer cuánto costó ese viaje del President que hemos sufragado entre todos”.
“Esta opacidad -afirma Oltra, contrasta con ese alarde de transparencia que parece que le ha entrado al President Fabra en cuestiones muy concretas, dándonos algunos contratos que veníamos reclamando desde hacía mucho tiempo”.
En realidad, insiste, “es todo una mentira, porque hemos podido constatar como en este momento sólo nos deja acceder a la documentación de la etapa del gobierno de Francisco Camps o anteriores”. Cuando solicitan información sobre la gestión de Alberto Fabra, “nos la niega sistemáticamente y tenemos que acabar acudiendo a los tribunales”.
Para Oltra “lo que está haciendo Alberto Fabra es de un cinismo y de una hipocresía que hay que denunciar, él no está a favor de la transparencia porque en este momento es probablemente el presidente que más información está escondiendo, ya que no da ni una sola documentación que tenga que ver con su gestión”.
En su demanda al TSJCV Compromís considera que la negativa del Consell al acceso de los diputados a la información que solicitan vulnera derechos fundamentales establecidos en el artículo 23 de la Constitución, como son el derecho a participar en asuntos públicos y el derecho a acceder con igualdad a las funciones y cargos públicos.
