El doble silencio incómodo del alcalde de Alicante

La casualidad ha querido que en una misma semana el Partido Popular de Alicante se haya vuelto a topar con el reflejo de su pasado más corrupto y con una brecha en su gobierno en coalición con Ciudadanos, cuya vicealcaldesa y portavoz del equipo de gobierno sigue acumulando peticiones de dimisión por frivolizar sobre el coronavirus. La respuesta del máximo mandatario popular, Luis Barcala, prolífico en redes sociales, en ambos casos ha sido la misma: el silencio.

El más atronador se ha producido tras la confesión del empresario y financiador irregular del Partido Popular, Enrique Ortiz, quien ha alcanzado a principios de semana un acuerdo de conformidad con la Fiscalía Anticorrupción para eludir la cárcel a cambio de reconocer todos los delitos que le vinculan al amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, esto es, se declara autor de un delito continuado de corrupción de autoridades o funcionarios públicos y otro delito de tráfico de influencias sobre funcionario público o autoridad. Asimismo, reconoce ser cooperador necesario de la comisión de un delito continuado de prevaricación.

En la práctica, Ortiz ha ratificado las sospechas de podredumbre de los anteriores gobiernos del Partido Popular, dejando a pie y medio de la prisión a los exalcaldes Luís Díaz Alperi y Sonia Castedo, a quienes la Fiscalía reclama diez años de cárcel. ¿Y cómo queda Luis Barcala, el alcalde que llegó al poder gracias a la abstención de una tránsfuga de Podemos (y revalidado por las urnas meses más tarde en las municipales de hace un año)?

Preguntado por este diario, fuentes municipales solo responden que Barcala “respeta al procedimiento judicial en curso”, cuyo juicio por esta causa separada del caso Brugal debería de comenzar a finales de junio, si no lo retrasa la Audiencia Provincial por las medidas para combatir la Covid-19.  

Para la oposición, en cambio, el primer edil queda retratado por su vínculo con el gobierno de Castedo. Este abogado de profesión juró su acta de concejal en 2011 en una candidatura que encabezaba por segunda vez Sonia Castedo, quien acabó dimitiendo a finales de 2014 tras ser citada a declarar como imputada. Es decir, que perteneció al equipo de gobierno cuya alcaldesa supuestamente negoció con Ortiz un urbanismo a la carta. Sus competencias, en cambio, eran menores, ostentó Medioambiente, Consumo y Sanidad, pasando a ser Teniente de Alcalde una vez dimitida Castedo.

La oposición también ha recordado que en el gobierno de Castedo se encontraba una joven María del Carmen de España, periodista que no tuvo competencias en 2011, siendo en la actualidad la concejala de Empleo y Fomento y Plaza de Toros.

El círculo se cierra con Adrián Santos, entonces concejal de Castedo de Imagen Urbana y Estadística y actual edil de Urbanismo y Patrimonio desde las filas de Ciudadanos. Se da la circunstancia de que este exregidor del PP va a ser el encargado de iniciar el procedimiento de redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, que recoge el nuevo presupuesto municipal tras liquidar el contrato anterior vinculado al Brugal (se inició en 2009) y en diciembre del año pasado Santos ordenó saldar la deuda contraída de 498.600 euros.

El objetivo del equipo de gobierno local es contratar el plan estructural y el pormenorizado a la vez para intentar tener aprobado durante este mandato el primero y en marcha el segundo, que haga borrón y cuenta nueva al intento de amaño del planeamiento en favor de Ortiz.

El silencio de Adrián Santos lo ha roto el portavoz adjunto de su formación, Antonio Manresa, quien ha dicho este viernes que “Alicante necesita que se esclarezca hasta el final el amaño del PGOU para poder pasar página en uno de los asuntos más turbios que se han vivido en la historia de la democracia local”.

El edil, en un mensaje calculado, ha afirmado que “tras la confesión del empresario Enrique Ortiz se abren nuevas posibilidades y en este contexto confiamos plenamente en la acción de la Justicia para que se aclare de una vez por todas el papel que jugaron los dos ex alcaldes del PP procesados por este tema, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo”.

“Aburrida”

Luis Barcala tampoco ha querido pronunciarse sobre las peticiones de salida de Mari Carmen Sánchez, actual portavoz del equipo de gobierno y vicealcaldesa, autora de una polémica en medio de la crisis sanitaria por la Covid-19 al afirmar en redes sociales que estaba “muy aburrida” por el obligado confinamiento, una frivolidad que ha llevado al líder de su partido, Toni Cantó, a pedirle la dimisión si no pedía disculpas, como ya ha hecho.

“Quiero pedir públicamente disculpas a todos los vecinos de la ciudad de Alicante por unas manifestaciones absolutamente inapropiadas e irreflexivas en unos momentos en los que la situación provocada por el Covid-19 ha llenado de dolor y preocupación todos los hogares alicantinos”, señaló la también edil de Turismo, descartando devolver su acta.

La dimisión la habían pedido primero Compromís, luego Unidas Podemos, y por último este viernes el PSPV-PSOE, cuyo grupo municipal ha pedido “más contundencia a Luis Barcala y a Toni Cantó” ante las “insuficientes disculpas” de Sánchez, tachadas de mera “reprimenda escolar”. “No entendemos que todo quede en disculpas o dimisión. Lo lógico es que se le hubiera pedido que abandonara su puesto. Como no lo ha hecho, el alcalde debería retirarle el cargo de inmediato”, matiza el portavoz socialista Paco Sanguino.

“No se puede entender que el alcalde no se haya pronunciado a este respecto y se esconda de ese modo. Es Luis Barcala quien le ha otorgado la autoridad de ser vicealcaldesa a Mari Carmen Sánchez y quien ocupará las funciones de alcaldesa en determinadas circunstancias no se puede comportar como una adolescente ociosa”, ha indicado.