Las empresas que se oponen a la recuperación pública de las ITV valencianas ganaron 29 millones en los últimos cinco años

La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (Aecova-ITV) mostró este martes una reacción airada en una comparecencia de prensa en la que manifestaron su firme oposición al proceso de recuperación pública de la gestión del servicio emprendida por la Conselleria de Economía, una vez finalizada la concesión de 25 años otorgada en 1997 por el expresidente del Gobierno valenciano, Eduardo Zaplana, operación por la cual está imputado en el marco del 'caso Erial'.

Los portavoces de la entidad, Francisco Llopis y Manuel Trigo, lanzaron duras acusaciones contra el departamento que dirige Rafael Climent, entre ellas, que se habían falseado datos para justificar la recuperación del servicio y anunciaron acciones legales para frenar la reversión.

Esta reacción tan contundente en contra de la recuperación pública del servicio que gestionarán hasta el 31 de diciembre, fecha en la que expira la concesión, sorprende aún más después de afirmar que en los últimos cinco años no han obtenido beneficios.

Una afirmación que no se corresponde con la realidad, según los datos de la Memoria Económica de Inicio de Actividad de la nueva empresa pública que asumirá la gestión del servicio, en la que aparece la cuenta de resultados de cinco de las siete empresas concesionarias.

Según estos datos, entre 2016 y 2020 las empresas gestores de los lotes 1, 2, 3, 4 y 7 obtuvieron una media anual de 5,8 millones de euros, es decir, 29 millones en cinco años.

La empresa que menos beneficio medio anual obtuvo fue la responsable del lote 1, con 116.033 euros. La concesionaria del lote 2 obtuvo un resultado medio de cada ejercicio después de impuestos de 1,3 millones de euros; en el caso de la empresa del lote 3 fue de 1,7 millones de euros al año; la responsable del lote 4 obtuvo un beneficio medio anual de 1,3 millones de euros; y la del lote 7 logró ganar 1,4 millones de euros de media anual entre 2016 y 2020.

Según la memoria, “se aprecia el descenso general del resultado de explotación en los lotes analizados durante el periodo comprendido entre 2016 y 2020. El más señalado ser aprecia en el lote 4”. La causa principal de este descenso es el descenso de las inspecciones unido al aumento de los gastos de personal.

En el ejercicio 2019 y 2020 “se produce una disminución de las ventas generalizada (inspecciones) excepto en el Lote 2 en 2019 y en el Lote 1 en 2020”.

Además “se aprecia el aumento constante de los gastos de personal en todos y cada uno de los lotes siendo la principal causa de la reducción de la rentabilidad de las concesiones que pasa del 21,3% (resultado de explotación sobre ventas) al 5,75%”.

Como ha informado elDiario.es, un reciente auto de la sección 5 de la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado la suspensión cautelar del proceso de recuperación de la gestión pública del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) solicitada por Pistas Iteuve S.A., una de las siete empresas concesionarias.

Según el fallo, “la no prórroga de la concesión es algo previsible de acuerdo con los términos pactados y no nada extraño que ocurra, de manera que los concesionarios deben estar preparados para tal evento”.

El conseller de Economía, Rafael Climent, se reunió este miércoles con representantes de Aecova-ITV y aseguró que se mostraron colaborativos para facilitar un periodo de transición tranquilo y ordenado del modelo concesional al de gestión pública.

Climent comentó que los empresarios solicitaron una prórroga del servicio en virtud de la afección de la pandemia, sobre todo durante el periodo de confinamiento, una opción que determinarán los servicios jurídicos mediante un informe.

Además, avanzó que el 16 mayo mantendrá una reunión con los sindicatos para empezar a trabajar en la subrogación de los 1.000 empleados de las concesionarias en la nueva empresa pública que asumirá la gestión del servicio. Climent advirtió de que aquellos empleados que en los tres últimos años hayan accedido a un puesto de trabajo sin el visto bueno de la Conselleria no tendrán garantizada su continuidad. Así, dependerá de un análisis de cada caso en función de los necesidades del servicio y de criterios técnicos.