Fabra agiliza el cierre de Canal 9 mientras los trabajadores se unen para evitarlo
La Generalitat ha publicado en la misma tarde del miércoles, en un procedimiento extraordinario, la Ley votada unas horas antes en el parlamento autonómico que pone fin a 24 años de Canal 9. La premura de la publicación –lo habitual es que el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana recoja lo aprobado un día antes- denota las prisas del gobierno de Alberto Fabra por liquidar Canal 9 a la mayor brevedad.
Ahora bien, los 1.700 trabajadores de la cadena, o muchos de ellos, no se han quedado de brazos cruzados. Se han constituido en asamblea permanente, movilizados en defensa de sus puestos de trabajo y de un servicio público que creen esencial, con una consigna clara: Canal 9 no se cierra. Ni se apaga.
“Que nadie toque ningún botón para suspender emisiones. Si alguien os quiere obligar, avisad inmediatamente al comité de empresa”, han dicho, tal como se recoge en su twitter, los representantes de los trabajadores. Éstos advierten de que, apagar la televisión sin despedir antes a los trabajadores, podría ser ilegal y acarrear, incluso, castigo penal.
La Generalitat, sin embargo, parece tener prisa por cerrar la televisión, que de ser un aparato de propaganda a favor del PP se ha convertido en un ariete contra el partido en el gobierno. La audiencia durante noviembre es de un 4,3% de cuota, muy lejos de la mejor autonómica, TV3 (13,4) y sólo por delante de TeleMadrid y el canal de Castilla-La Mancha, pero el gobierno valenciano no quiere tener encendida una televisión que denuncia permanentemente el despilfarro y la corrupción.
¿Alguien sabe cuando se cortará la emisión?
Nadie sabe aún, sin embargo, cuando se parará la emisión de Canal 9, ahora Nou. Parece, sin embargo, que la Generalitat deberá antes destituir al consejo de administración –ratificado hace apenas unas horas- y nombrar a los liquidadores de la sociedad. Éstos, aunque es discutible que puedan llevar a negro la televisión autonómica sin antes despedir a los trabajadores, serán, cuando sean ungidos, los responsables de la televisión.
Parece más probable que el fin de la emisión se produzca una vez que la autoridad laboral apruebe el ERE de extinción que supondrá el despido de los cerca de 1.700 trabajadores de la cadena. El proceso bien se podría alargar, ya que la ley establece un proceso de negociación de 30 días. Este periodo se podría dilatar varios meses más si, por su complejidad, se tuviera que externalizar la gestión del ERE, tal como pasó como el anterior. Si esto sucediera, RTVV podría pagar hasta 30 millones en salarios de gente con vacaciones y permisos retribuidos o que simplemente no trabaja.
