FAMPA-València exige a Educación que impida el cobro en algunos IES públicos de sobres de matrícula o material

La Federación de asociaciones de madres y padres de alumnos de la provincia de Valencia (FAMPA-València) denuncia “la práctica habitual en determinados institutos de educación secundaria (IES) públicos de cobrar a las familias los sobres de matrícula y otras aportaciones en concepto de material o seguro cuando la norma dice que no se puede hacer”.

El colectivo de padres y madres considera que “la norma se clara y manifiesta” en el Decreto 40/2016, de 15 de abril, del Consell, por el cual se regula la admisión en los centros y que dice que “los centros docentes públicos y privados concertados, en ningún caso, podrán percibir cantidades de las familias para recibir las enseñanzas de carácter gratuito, ni exigir aportaciones en concepto de matrícula o por reserva de plaza”.

Tampoco se puede imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni exigir la adquisición de material o equipamiento escolar en establecimientos determinados, así como la utilización de servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportaciones económicas por parte de las familias del alumnado.

“La norma está para cumplirla y es la Conselleria quién lo tiene que recordar en los centros educativos, si muchos centros creen que lo pueden hacer y que no están actuando mal, la administración tiene que recordarles que sí y que la educación pública tiene que ser gratuita”, explica el presidente de FAMPA-Valencia, Rubén Pacheco, quién añade que esta práctica “también está extendida en los centros de infantil y primaria”.

La federación subraya que los centros públicos reciben por parte de la Conselleria de Educación un ingreso mensual que les permita hacer frente a los gastos que tienen, entre ellos la compra de material didáctico, folios y otros materiales y que, por lo tanto, no se puede pedir ningún coste a las familias por esos conceptos.

Las AMPA instan a la administración educativa a enviar una circular a los centros recordando la normativa, que la inspección educativa actúe de oficio sobre “esta práctica ilegal” y que “no sean las familias las que tengan que denunciar este prácticas para enfrentarse a las direcciones de centro”.