La Fiscalía investiga si el exalcalde de Oropesa cometió prevaricación y malversación al abonar sobresueldos injustificados al secretario municipal

El secretario municipal del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castelló), José Luis Silvente, cobró en cinco meses 26.650 euros en sobresueldos con un informe jurídico desfavorable, mientras que el técnico de personal, Manuel Tellols, se embolsó 11.104 euros en nueve meses. La Fiscalía, tras una denuncia del exconcejal de Compromís, Josep Lluís Romero, ha citado a declarar en condición de investigados al exalcalde del Partido Popular, Rafael Albert Roca, y a los dos responsables municipales que cobraron los sobresueldos. Los tres están investigados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.  

La fiscal considera que las resoluciones de la Alcaldía que aprobaron las nóminas del 2018, incluidos los pagos por gratificaciones (horas extra) y por productividad, “han sido dictadas con el informe jurídico desfavorable respecto a productividades, y con los reparos formulados por el Interventor del Ayuntamiento al superar las mismas las limitaciones contempladas por la normativa reguladora de la función pública”. El Ministerio Fiscal arguye que los sobresueldos carecen de “cobertura legal alguna”, están “cuantificadas de manera no objetiva” y prescinden del procedimiento legal, “según consta en la propia certificación”. 

La propuesta de decreto de denuncia de la Fiscalía recuerda que el asesor jurídico del Ayuntamiento de Oropesa aportó un escrito en el que, “tras reconocer que los pagos por productividad se satisficieron sin ajustarse al procedimiento establecido”, concluye que los hechos no tienen relevancia penal, “en la medida en que el reconocimiento y abono de las productividades responde a escenarios de exceso de carga de trabajo que resultan demostrables”. El asesor jurídico también revela que otros trabajadores percibieron “cantidades por productividad en similares condiciones a las denunciadas”.

En su denuncia inicial, el exconcejal de Compromís Josep Lluís Romero tildaba de “situación vergonzosa” que el secretario municipal, “el funcionario con más rango del Ayuntamiento”, fuera “consciente de que estaba recibiendo una productividad ilegal”. En cada pago mensual de las gratificaciones y productividades “ilegales”, señala Romero, constaba la objeción de la Interventora junto a las firmas del secretario municipal y del alcalde.

Por esta causa declarará como testigo la Interventora del Ayuntamiento que se opuso al pago de los sobresueldos. La fiscal, además, ha pedido al actual Interventor que certifique las cantidades por productividad y las gratificaciones no justificadas abonadas a los dos responsables municipales investigados o a cualquier trabajador del consistorio castellonense desde 2017. El escrito de denuncia pide, “en aras a la economía procesal”, que el Juzgado de Castelló que asuma el caso acuerde la complejidad de la causa, con lo cual la instrucción se ampliaría a 18 meses. 

Este diario ha intentado, sin éxito, obtener la versión del exalcalde popular. En las últimas elecciones municipales, Rafael Albert, ahora investigado, pasó a la oposición. El PSPV y Ciudadanos pactaron repartirse el mandato entre la socialista María Jiménez Román, actual alcaldesa, y Araceli de Moya, de Ciudadanos. La primera edil, consultada por este diario, ha declinado hacer declaraciones. “Será un juez quien diga lo que tenga que decir”, ha dicho Jiménez.