La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que la exdirectiva de la EMT de Valencia es “responsable directa” de la estafa

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha establecido sin lugar a dudas la responsabilidad de la exdirectiva de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Valencia Celia Zafra en la 'estafa del CEO' de cuatro millones de euros. En un escrito dirigido a la sección tercera de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, la fiscal señala que Zafra, “sin realizar mayores comprobaciones”, remitió las firmas a los estafadores que la estaban engañando. Sin embargo, argumenta el Ministerio Público, “entre sus funciones no ostentaba la de ordenación de pagos” sino solo la de preparar las operaciones. Así, la exdirectiva “remitió sin más” la carta de pago a Caixabank que permitió las ocho transferencias por cuatro millones de euros.

Zafra, única investigada en la causa penal que investiga la estafa, llevó a cabo una “actuación que vulneró la normal operativa de la EMT, que la demandada conocía y que en esa fecha solo admitía como forma de pago la realización de transferencias a través de la banca online”, que además debían ser validadas mancomunadamente por el entonces gerente, Josep Enric García Alemany, y la jefa de Gestión María Rayón.

La exdirectiva “se excedió” en el ejercicio de sus funciones y, “sin informar en ningún momento a sus superiores”, facilitó a los estafadores la información necesaria “para que la sustracción de los fondos tuviera lugar”. Zafra actuó “con omisión de los más elementales deberes de diligencia” propiciando así el perjuicio de cuatro millones de euros a la EMT. La fiscal cita la propia ley orgánica del Tribunal de Cuentas, que establece que “el que por acción u omisión contraria a la ley originare el menoscabo de los caudales o efectos públicos quedará obligado a la indemnización de los daños y perjuicios causados”.

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas considera que la exdirectiva es “responsable directa” de la sustracción de los cuatro millones y solicita al organismo que la condene al pago de la astronómica cantidad, además de las costas procesales.