Un protocolo busca evitar que alcaldes y alcaldesas acosen a los secretarios e interventores de ayuntamientos
El acoso a los funcionarios locales con habilitación nacional es un “tema delicado” que implica una “forma de abuso de poder que provoca graves daños a sus víctimas”, según el protocolo al que el Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital) de Valencia acaba de adherirse.
Fue el caso, por ejemplo, del interventor del Ayuntamiento de Orihuela, Fernando Urruticoechea, que denunció irregularidades tanto en el consistorio valenciano como en su anterior destino en Castro Urdiales. “Desafortunadamente, el colectivo al que represento sigue siendo víctima en demasiadas ocasiones de situaciones de acoso”, afirma Vanesa Felip, presidenta de Cosital Valencia.
El protocolo critica la situación de “desamparo e insuficiencia de medios legales” para proteger a estos funcionarios e incluye una Comisión Anticorrupción y para la defensa de la legalidad.
El Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local pretende luchar contra las situaciones de “menoscabo de la salud física o psíquica” que sufren los habilitados en el ejercicio de sus funciones. Las medidas preventivas incluyen la creación de un sistema de información y consultas sobre salud laboral y el impulso de una reforma legal que contemple un permiso de descanso retribuido de recuperación para aquellos funcionarios que sufran acoso en el ejercicio de sus funciones laborales.
Además, los funcionarios con habilitación nacional podrán recibir “servicios profesionales especializados de apoyo psicológico” y defensa jurídica. Las actuaciones de este protocolo se centran en “conseguir la protección más integral y eficaz” del denunciante y en reparar su situación. Todo ello guardando la confidencialidad. “Nuestra labor como Colegio es que los colegiados y colegiadas se encuentren amparados” ante una situación de acoso, explica la presidenta de Cosital Valencia.
