La Generalitat intenta recuperar el dinero robado en 10 casos de corrupción

Marcos Benavent, supuesto epicentro de la trama en Imelsa, frente a un cuartel de la Guardia Civil en Valencia.

Efe

La Generalitat Valenciana se ha personado ya en diez causas sobre corrupción que afectan a intereses de los valencianos, en las que ha visto conveniente que sus representantes procesales sean parte en los procedimientos y busquen el máximo resarcimiento posible para la Administración autonómica.

La Generalitat ejerce la acusación particular en los casos Cooperación, Emarsa, Aido, Aidico, Valmor, IVAM, Vaersa, los pagos como docentes de la concertada a liberados de las patronales y Avialsa, y ha anunciado que lo hará también en el que afecta al Palau de les Arts. También ejerce la acusación civil en el caso Nóos.

En el caso Cooperación, que instruye el Juzgado 21 de Valencia, la Generalitat ya ejerció la acusación particular en la pieza 1, en la que se condenó al exconseller Rafael Blasco por el desvío de fondos destinados a Nicaragua, y lo hace también en las piezas 2 y 3, sobre las subvenciones a cooperación de 2009 a 2011 y sobre el hospital de Haití.

La titular del mismo juzgado instruye también la investigación sobre las irregularidades en la gestión del IVAM durante la dirección de Consuelo Císcar, en la que esta figura como imputada junto a otras cinco personas, y que pese a haberse iniciado hace menos de un año consta ya consta de más de treinta tomos.

La última causa en la que la Generalitat ha autorizado a la abogacía a personarse es en la abierta en un juzgado de Sagunto por la contratación con Avialsa del servicio de aviones para la vigilancia y extinción de incendios forestales entre 2004 y 2013, donde hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas, entre ellos el exdelegado del Gobierno Serafín Castellano.

La Generalitat ha anunciado asimismo que se personará en la causa sobre las irregularidades en la contratación y gestión del Palau de Les Arts, en la que hay cinco imputados, entre ellos la exintendente Helga Schmidt y el director financiero del coliseo Ernesto Moreno, por presunta malversación, prevaricación y falsedad documental.

El Consell ya está personado en el posible fraude en subvención y malversación de caudales en el Instituto Tecnológico de la Óptica, Color e Imagen (AIDO) y en las supuestas irregularidades en la gestión de fondos públicos otorgados al Instituto Tecnológico de la Construcción (AIDICO).

También ejerce la acusación particular en varias piezas del caso Emarsa, que investiga el supuesto saqueo de al menos 23 millones de euros en la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, cuyo juicio debía haber comenzado en noviembre pero se suspendió a la espera de que el principal implicado pasara a disposición judicial desde Moldavia, lo que ha ocurrido esta semana.

Además, se ha personado en el caso Valmor, donde el Juzgado de instrucción 2 de Valencia investiga posibles irregularidades en la compra por parte de la Generalitat de la empresa que gestionó la Fórmula Uno en Valencia a partir de una denuncia de la Fiscalía contra el expresidente Francisco Camps, la consellera Dolores Johnson y el expiloto de motociclismo Jorge Martínez Aspar.

Otra de las causas en las que la Generalitat ejerce la acusación particular es la que instruye el Juzgado 3 de Valencia sobre un posible fraude a las arcas públicas en los pagos realizados a algunos centros concertados para pagar como docentes a diez liberados de las patronales.

En el caso Vaersa, la Generalitat está personada en la pieza que investiga la presunta malversación de caudales públicos y prevaricación en la contratación de vehículos en esta empresa pública sin respetar las normas de contratación, donde figuran como imputados los exdirectores Enrique Simó y Felipe Espinosa.

El anterior Gobierno valenciano se personó, pero en calidad de acusación civil, en el caso Nóos, que actualmente se juzga en la Audiencia de Palma.

Además de estas personaciones, la Generalitat trasladó a la Fiscalía a principios de este año el informe definitivo de la Intervención sobre la empresa pública Ciegsa, que refleja sobrecostes de mil millones de euros en la construcción de colegios, con los que según el actual Consell se habrían podido edificar 200 nuevos centros.

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24 de abril de 2016 - 13:38 h

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