El Consell no reconoce las concesiones de ayudas de acceso a la vivienda
Un informe de la Abogacía General de la Generalitat interpreta que las miles de resoluciones de concesión de ayudas de acceso a la vivienda emitidas por el Consell no generan ningún tipo de obligación en la administración autonómica. El informe, aunque califica de “inhabitual” la forma de proceder de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, concluye que la Generalitat no está obligada a pagar estas ayudas y apunta a la necesidad de emitir una segunda resolución para cada caso con un “reconocimiento efectivo” que dé paso al pago de la ayuda.
Este documento, con fecha de noviembre de 2013, fue citado por la Sindicatura de Cuentas en su informe de fiscalización de las ayudas, según recuerda el diputado de Compromís Fran Ferri, quien señala que con este informe el Consell “trata de cubrirse las espaldas ante la estafa que están perpetrando a miles de valencianos con ayudas a la vivienda concedidas y no pagadas”.
Según aclara Ferri, Compromís ya denunció que la Conselleria había dejado al margen de la contabilidad oficial miles de ayudas para el acceso a la vivienda en un intento por “maquillar las cifras oficiales de déficit”. En este sentido, apunta que según la ley General de Subvenciones, las ayudas deben estar contabilizadas una vez concedidas para que puedan contar con una reserva de crédito en el presupuesto y los beneficiarios tengan una mayor garantía para cobrarlas o reclamarlas ante la justicia.
Para el diputado de Compromís, este informe “demuestra el caos en la gestión de las ayudas a la vivienda que ha dejado atrapados en un laberinto jurídico y presupuestario a miles de familias valencianas”. Ahora, el documento de la propia Generalitat “les dice que las ayudas que tienen concedidas no tienen ningún efecto y que necesitan una nueva concesión para cobrar”, por lo que considera que “queda claro que la Conselleria ha jugado con la necesidad de miles de personas, y son incapaces de encontrar una solución”.
El informe de la Abogacía General revela, además, que la naturaleza de ayudas de concurrencia no competitiva queda fuera de los dos supuestos de tipos de ayudas que contempla la Ley General de Subvenciones. También considera que la solución más ortodoxa a la situación generada hubiera sido no generar nuevas concesiones hasta que no existiera crédito presupuestario suficiente.
Para Ferri, “el gran problema de los valencianos es que padecemos un gobierno incompetente, que en lugar de dar soluciones a la ciudadanía crea nuevos problemas y nuevas preocupaciones”. Por eso, insiste en que el Consell “debe aclarar inmediatamente si los beneficiarios de las ayudas tienen que esperar una nueva resolución para cobrar, tal y como apunta el informe”.
