El Gobierno tumba el contrato de luz del Ayuntamiento de València que impedía cortes a familias sin recursos
El tribunal administrativo de recursos contractuales, entidad dependiente del Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro, ha tumbado el contrato de suministro eléctrico del Ayuntamiento de València que pretendía impedir cortes de suministro a familias sin recursos.
El concejal de Gobierno Interior del Ayuntamiento de Valencia, Sergi Campillo, ha defendido ante las compañías eléctricas y del Gobierno central las cláusulas sociales y de lucha contra la pobreza energética que su departamento había incluido en el concurso público de suministro de energía del Consistorio, por las que blindaba los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad a través de una cláusula que impedía cortar la luz a un cliente sin pedir antes un informe social que acreditara que el abonado disponía de recursos suficientes.
Por este motivo, la concejalía ha tomado dos decisiones de manera inmediata. La primera consiste en sacar de forma inminente una nueva licitación pública del contrato de electricidad del consistorio eliminando las partes impugnadas por el tribunal administrativo de recursos contractuales.
Estas básicamente son la cláusula especial de ejecución para luchar contra la pobreza energética que impedía a la compañía adjudicataria cortar la luz a una familia hasta que no se estableciera por los servicios sociales municipales si se encontraba en riesgo de vulnerabilidad energética.
En segundo lugar, el tribunal administrativo (TACRC) también ha tumbado la posibilidad de que el Ayuntamiento de Valencia firmara un convenio con la adjudicataria para luchar contra la pobreza energética en la Ciudad de Valencia, así como para promocionar medidas para la cultura energética de la ciudadanía.
En tercer lugar, el TACRC ha estimado el recurso de Gas Natural Comercializadora, S.A. y de Endesa Energía, S.A.U. en cuanto a los precios máximos de la energía.
En este último caso, el Ayuntamiento se reservaba la posibilidad de adherirse a unos precios más ventajosos que los de la licitación si la adjudicataria tenía otro contrato con otro administrativo a precios más económicos.
“En definitiva, el contrato de compra de energía tal y como había diseñado el gobierno para defender los intereses municipales en cuanto a precio y de los vecinos y vecinas en cuanto a protegerlos frente a situaciones de vulnerabilidad energética, no puede ir adelante. Lo que sí puede ir adelante es un nuevo contrato exigiendo energía 100% de origen renovable y esto es lo que haremos”, declaró Campillo.
La segunda decisión que ha tomado el concejal de gobierno interior es el estudio de presentar ante la justicia ordinaria un procedimiento contencioso-administrativo para recurrer esta decisión del tribunal administrativo de recursos contractuales “para mantener las cláusulas sociales de la licitación pública del contrato de la luz y los intereses y los recursos de los valencianos”, dijo Campillo.
En todo caso, serán los propios servicios jurídicos municipales quienes determinarán las posibilidades de éxito de este recurso, ya que además, el gobierno central ha recurrido la ley 3/2017 de medidas contra la pobreza energética de las Cortes Valencianas en el Tribunal Constitucional y por tanto, esta ley entrará
inmediatamente en suspenso.
“Se ven en estas acciones la similitud de intereses entre el gobierno central del PP y las grandes compañías eléctricas, que de ninguna manera quieren combatir la pobreza energética de la ciudadanía que peor lo está pasando”, ha destacado el concejal.
“Entiendo que este concurso público, que incluye cláusulas sociales contra la pobreza energética, pueda molestar a los poderosos, pero por ello estamos aquí. El Gobierno de Joan Ribó tiene como principal objetivo rescatar personas y defenderá el interés de los vecinos de Valencia por encima del interés de las grandes corporaciones eléctricas”, advirtió Campillo, quien ha continuado afirmando que “es lamentable que las grandes compañías eléctricas de este país aún no se hayan dado cuenta del cambio profundo de nuestra sociedad. Si tuvieran un poco de vista, entenderían que estas cláusulas son perfectamente compatibles con su negocio. Es más, si las aceptaran con naturalidad, ayudarían a combatir la imagen nefasta que tienen entre el ciudadanía”.
Finalmente, Campillo ha querido “reconocer todo el trabajo y el trabajo intenso que se está haciendo desde la concejalía de Servicios Sociales para no dejar de lado a ningún ciudadano y para luchar contra la pobreza energética, garantizando así que todas las personas tienen los sus derechos más básicos garantizados”.
