Un juez investiga a medio gobierno valenciano por ocultar información a la oposición
El juzgado de instrucción número 2 de Valencia sigue adelante con las diligencias previas por la querella que presentó Esquerra Unida el pasado noviembre contra cuatro consellers en activo – Mª José Català, Máximo Buch, José Císcar e Isabel Bonig- y un ex conseller – Serafín Castellano-, por impedir los derechos cívicos de los diputados de Esquerra Unida, “al negarnos documentación que habíamos solicitado como diputados y diputadas de las Cortes Valencianas”, explica el síndico de EUPV, Ignacio Blanco. De los 8 miembros del gobierno valenciano, presidente aparte, cuatro están bajo sospecha por este asunto.
El candidato de EU a la presidencia de la Generalitat destaca la reacción del gobierno valenciano tras la querella: “de momento se nos ha dado, aunque sea limitada y parcial, documentación que previamente se nos había negado, como es el caso de la investigación del topo de Presidencia. Aun así, todavía hay muchas sentencias por cumplir, siguen habiendo muchas negativas injustificadas, siguen habiendo muchos procedimientos en los que el Consell ha sido condenado y que el juzgado de instrucción ya ha solicitado al TSJ que le entregue notificación”.
Blanco, en un comunicado, ha recordado que Esquerra Unida ha ganado casi una veintena de sentencias, “más las del resto de grupos parlamentarios de la oposición, que suman ya entre todas una treintena. Y son las que avalan esta querella. En cada una de ellas la Justicia ya se ha pronunciando determinando que se ha vulnerado la Constitución y la ley, y que no se nos da ningún argumento legal para denegarnos la documentación o información que reclamamos”. El parlamentario muestra su confianza con la Justicia. “Esperamos que el proceso avance rápido hasta el final. Sabemos que los querellados están nerviosos, y bien es verdad que tienen motivos para estarlo”.
“La opacidad del Consell no puede tener premio, al revés, por eso están las leyes, para hacerse cumplir. La transparencia es el único antídoto contra la corrupción, y nuestra acción legal en este caso busca precisamente esto, evitar que se vuelven a reproducir los casos de corrupción que hemos sufrido en el País Valenciano durante los últimos años”, subraya Blanco.
