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Isabel Bonig tras declarar como testigo en el caso de la visita del Papa: “Vaersa no condonó ninguna deuda a la fundación”

La exconsellera de Infraestructuras y líder del PP valenciano, Isabel Bonig, atiende a los medios tras declarar.

Sergi Pitarch

La exconsellera de Infraestructuras y líder del PP valenciano, Isabel Bonig, ha declarado como testigo en la causa abierta por la gestión del dinero público de la Fundación V Encuentra de las Familias que se constituyó para montar la visita del Papa a València en 2016. Bonig había sido citada para aclarar la relación entre este ente y la empresa pública Vaersa. Bonig, que no ha querido revelar el contenido de su interrogatorio, sí que ha dicho que Vaersa “no condonó ninguna deuda a la fundación” como asegura el PSPV, personado en la causa.

“Quería aclarar esa cuestión de la deuda con Vaersa porque ha salido en los medios y ha quedado acreditado documentalmente que la deuda fue pagada por la fundación a la empresa pública”, ha explicado Bonig. La exconsellera no ha querido revelar más datos de su declaración porque la causa se encuentra en instrucción.

La jueza abrió en 2016 esta causa por delitos de prevaricación, malversación y falsedad por supuestas irregularidades en las adjudicaciones por parte de la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. El origen fue la pieza separada del caso Gürtel remitida a Valencia por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata.

En concreto, se investiga si esas adjudicaciones se realizaron sin respetar las normas generales de contratación, sin concurso ni concurrencia pública. En febrero del pasado año se acordó la consideración de investigados de Camps y el resto de ex altos cargos.

La Fundación V Encuentro Mundial de las Familias -formada por El Arzobispado, la Diputación, el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat- se constituyó para gestionar la visita a València del Papa Benedicto XVI en 2016. Aunque la Iglesia aportó dinero y pagó parte de la deuda, la mayoría del dinero gastado fue de la Generalitat. Se pagaron pantallas gigantes, 7.000 urinarios y la publicidad y propaganda del evento. En total, unos 20 millones de euros gastados por la entidad que ya ha sido liquidada.

El expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exconseller Juan Cotino están imputados en esta causa.

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