El empresario que saqueó Emarsa: “Mi única función era facturar y repartir comisiones”
El empresario que encubrió el expolio de Emarsa, Jorge Roca Samper, ha confesado en el juicio por el desfalco de la depuradora pública el sistema utilizado para ocultar contablemente y ante el fisco millones de euros, aunque ha asegurado desconocer a los beneficiarios de la trama. Su única labor, ha dicho, era “facturar y repartir comisiones”.
La empresa, en primer lugar, decidió pagar más del doble de su valor de mercado (de 18 a 42 euros por tonelada) por la extracción de lodo, el residuo resultante de la depuración. El encargó recayó en empresas conchabadas con la dirección y propiedad de un empresario catalán ajeno a la causa, primero, y José Luis Sena, otro de las acusados en la causa, después.
Éstas, a su vez, giraban facturas a las sociedades de Samper, un experto en ingeniería fiscal. A partir de ahí, el empresario se inventaba operaciones - algunas estambóticas, como la falsa exportación de taxis a Pakistán, por la que ya ha sido condenado- para blanquear dinero.
“He hecho facturas falsas para Emarsa”, ha reconocido Samper. Con este mecanismo, el empresario se llevaba sus comisiones -básicamente, dice, eludiendo el pago del IVA- y entregaba el resto a sus contactos de la trama, los empresarios que transportaban el lodo. “Me decían en cuantas partes había que repartir, pero no sabía a quién iba el dinero. Mensualmente, siempre según su declaración, transportaba desde Barcelona, su lugar de residencia, a Valencia, entre 200.000 y 300.000 euros.
Samper, que se ha calificado de “comisionista”, ha negado conocer a los cuatro altos cargos acusados de lucrarse : Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer, cargos de la empresa pública de la que depemdía Emarsa, y Esteban Cuesta, gerente de la misma.
“Nunca he estado en Emarsa” ni, al principio, “conocía” la naturaleza pública de la compañía, así como a qué se dedicaba. Después, cuando mostró su extrañeza por el tamaño y la facilidad con la que se cometía el fraude, le tranquilizaron. “Me dijeron que teníamos la cobertura del PP”.
Su labor, asegura, era la de blanquear el dinero. De hecho, se ha atribuido el cambio en el pago de las comisiones ilegales. Durante tres años se pagaron en efectivo “hasta que propuse hacerlo mediante tarjetas bancarias”.
Roca ha reconocido que el 90% de su facturación procedía de Emarsa. El cerebro financiero de la trama, en prisión -estuvo huido en Moldavia y ha sido condenado por blanqueo de capitales- si ha dicho conocer a dos de los comisionistas del expolio: Los acusados Enrique Arnal, exdirector financiero, y el técnico Adolfo Polo. Se llevaban un euro por tonelada de lodo, ha dicho.
Afiliado a la fuerza al PP
Juan José Morenilla, gerente de la Epsar, la empresa de la que dependía Emarsa, ha reconocido que se afilió al PP y pagó las correspondientes cuotas porque era una obligación que se imponía a todos los altos cargos de la empresa pública cuando gobernaba ese partido.
Esa es la única confesión de Morenilla durante el juicio por el saqueo de la depuradora, en el que la Fiscalía pide 14 años de prisión para el exalto cargo. El gerente ha negado que se lucrara con el expolio de Emarsa, ha descargado toda la responsabilidad en un subordinado -Ignacio Bernácer, también acusado, que ha señalado su participación en la trama- y ha defendido la honradez de su gestión.
La Epsar, dirigida por Morenilla, tenía la obligación de “inspeccionar y controlar el destino de los fondos” que asignaba a Emarsa y otras depuradoras bajo su jurisdicción. “Jamás se ha hecho por falta de medios. Nos limitábamos a certificar que las instalaciones funcionaban de manera correcta”.
El técnico también ha negado cualquier responsabilidad en la financiación, cada vez más generosa, que Emarsa conseguía de la Epsar, una empresa de la Generalitat, clave para robar 24 millones de euros mientras la planta seguía operando con relativa normalidad.
“Emarsa tenía sus propios técnicos y los costes se fijaban entre su gerente [Esteban Cuesta] y nuestro jefe de explotación, Ignacio Bernácer”. Morenilla ha cargado contra él, al que tenia por amigo y “reputadísimo profesional” hasta que declaró en su contra. “Me engañó”.
“Teníamos 450 depuradoras en Epsar, la entidad de saneamiento. No podía estar en todas las actividades. Bernácer me informaba, sobre todo, cuando había problemas. Él tenia suficiente autonomía, emitía pagos, estudiaba costes y negociaba convenios”, ha declarado.
El PSOE, que ejerce la acusación popular en la causa, denunció en su día que Morenilla y su esposa acumularon 22 propiedades entre 2000 y 2009. Otros acusados también han señalado su papel protagonista desde la Epsar en el desfalco.
14 años de prisión
La fiscalía pide 14 años de prisión para Morenilla, Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; e Ignacio Bernácer, exjefe de departamento de Epsar. Están acusados de un delito continuado de malversación de caudales públicos y otro de prevaricación administrativa en combinación con falsedad en documento público y de documento mercantil.
En colaboración o con la supuesta connivencia de otros 22 acusados, manipularon al alza los costes de la sociedad o directamente facturaban por servicios inexistentes para recibir más dinero de la Generalitat que luego gastaban en casas, prostitutas, viajes y comilonas.
