Listas de espera en la sanidad pública: posibles alternativas

Últimamente hemos podido ver en los medios de comunicación, (TV, radio, prensa), noticias referidas a la lista de espera quirúrgica (LEQ), con titulares si no alarmantes, al menos inquietantes. Nunca se aportan soluciones y el tema, que es recurrente, solo sirve para que los políticos de turno lo utilicen como arma arrojadiza.

Curiosamente siempre se hace referencia a la LEQ, y nada se dice de las LE médicas, ya sea en  Atención Primaria, en Consultas Externas o en pruebas diágnosticas como la TAC, RMN, PET-TAC o una simple Radiografia, siendo que esta LE es fundamental para valorar y diagnosticar a los pacientes y así poder asignarles una prioridad. En la LEQ estructural, los pacientes, al menos,  ya estan  diagnosticados y se sabe su prioridad.

No obstante no podemos restar importancia a unes cifras de LE tan elevadas, pues son un problema grave y, lo que es peor, causa de desigualdades. Estas desigualdades  afectan fundamentalmente a las persones más pobres del sistema que según el informe AROPE 2019, son ya un 26% de la población (más de 12 millones). Somos el tercer estado con mayor desigualdad con respecto a los estándares europeos.

La solución siempre ha sido aumentar el presupuesto para destinarlo fundamentalmente, por un lado, al “plan de choque”, (derivación de pacientes a hospitales privados) y por otro lado, a los “autoconciertos”, conocidos como peonadas, (prolongación de la jornada laboral por los mismos profesionales del sistema público). Como se ha podido comprobar solo ha servido para paliar las LE.  

El camino, al ser multifactorial, es difícil y complicado, pero necesariamente  ha de suponer un cambio a medio y largo plazo tanto en la gestión y planificación sanitaria por parte de la Administración, como en una mejor gestión clínica de los profesionales (medicina y enfermeria) y una participación “horizontal” entre administración, profesionales y ciudadanos. Todo ello unido a un incremento del gasto destinado  a la sanidad pública.

Así pues la Administración debe posibilitar los medios para que haya una información homogénea mediante un sistema informático que monitorice y permita evaluar a todos y cada uno de los centros y a su personal, única forma de optimitzar  los recursos humanos, a veces no es cuestión de aumentar plantillas si no de redistribución de las mismas. Periódicamente se debe depurar la LE, pues la situación clínica varía y en algunas ocasiones no será necesaria intervención alguna. Además se debe exigir que las pruebas diagnósticas y las consultas no se dupliquen, cosa que ocurre con frecuencia y, sobre todo, cuidar que la información, el trato y la accesibilidad al sistema sean las óptimas. Todo esto no será posible sin una gestión profesional al frente, que a dia de hoy, desgraciadamente, es una carencia importante, al primar generalmente la afinidad política.

El mejorar la gestión clínica supone la elaboraración de “Guias Clínicas”, implicando a los profesionales sanitarios, tanto de  la Atención Primaria como de las diferentes especialidades, con el fin de  disminuir la variabilidad de la práctica clínica y evitar en lo posible entradas inadecuadas en LE. Controlar cualquier actuación no indicada tanto diagnóstica como terapéutica. Priorizar  el orden de la LE, en primer lugar por criterios clínicos, después por situación sociolaboral y finalmente por antigüedad. Aumentar la Cirugia Mayor Ambulatoria, conocida como cirugía sin ingreso. Y poder premiar a aquellos  profesionales que cumplan los objetivos mediante unos incentivos adecuados.

Finalmente hay que potenciar la participación real, no formal como hasta ahora, mediante los consejos de salud en los centros y departamentos  contando con  los profesionales, los ciudadanos y la administración. Ello no será posible sin que unos y otros  cedan poder, pues solo desde la horizontalidad será posible la verdadera participación.

Todas estas medidas implican a todos los actores: administración, profesionales y ciudadanos, con el objetivo claro de mejorar nuestro sistema sanitario público, y una vez consensuadas, deberían  ser de obligado cumplimiento. Sólo así, tanto profesionales como ciudadanos gozaremos de una mayor satisfacción.

Alfons C. Polo es presidente de Acdesa PV