El juzgado de Madrid que archivó la investigación sobre la financiación del PSPV rechaza remitir las diligencias a la comisión parlamentaria
El juzgado que archivó la investigación de los contratos del Ministerio de Sanidad en la época del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con la empresa vinculada a la supuesta financiación irregular del PSPV-PSOE se niega a entregar la documentación a la comisión de investigación de las Corts Valencianes.
El titular de Instrucción 43 de Madrid ha rechazado la petición que realizó Enric Morera, presidente de las Cámara valenciana, siguiendo el mandato del plan de trabajo de la comisión de investigación, de acceder a las diligencias instruidas por este juzgado en relación a los contratos adjudicados por el Ministerio de Sabidad a la agencia Crespo Gomar, que trabajó en las campañas de los socialistas valencianos.
Las Corts Valencianes solicitaron el pasado 20 de noviembre “copia de la documentación relativa a la instrucción seguida por este juzgado en relación a los contratos y adjudicaciones a la empresa Crespo Gomar por el Ministerio de Sanidad en 2008 por importe de 184.138 euros”, según consta en el escrito.
Este juzgado decidió archivar en junio la causa en la que se investigaba a Etelvina Andreu y Consuelo Sánchez Naranjo, ambas ex altos cargos del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por el concurso de publicidad concedido por Sanidad a la mercantil que trabajó para el PSPV en sus campañas y que está siendo investigada por financiar presuntamente de forma irregular a este partido. El juez argumentó que “ni en el desarrollo del expediente ni en su conclusión se han apreciado irregularidades que lleven a concluir la existencia de indicios de los delitos que da lugar a la incoación de la presente causa”.
En su respuesta, el juzgado informa de que la Fiscalía se opuso a la petición y de que no atenderá la petición del Parlamento autonómico. El magistrado instructor recuerda que las diligencias del sumario “serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la ley”, que no se cumplen en el presente caso, según considera. Asimismo, recuerda el juez que la regulación de las comisiones de investigación contenida en el reglamento de las Corts Valencianes establece que se pueda requerir la presencia de cualquier persona para que sea oída, pero en ningún caso recabar de los juzgados y tribunales información o documentación de los procedimientos de los que conocen, como es el caso.
También expone el juez que la comisión de investigación sobre supuesta financiación ilegal de los partidos que permanece abierta en las Corts Valencianes “podrá remitir las conclusiones aprobadas en el pleno de la cámara al Ministerio Fiscal para que, cuando proceda, ejerza las acciones oportunas”.
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