Medio Ambiente propone congelar el canon del agua por cuarto año, tras subirlo el PP un 37% de 2012 a 2015
El canon de saneamiento, principal concepto que grava el recibo del agua en toda la Comunitat Valenciana, se quedará congelado el año que viene por cuarto año consecutivo.
Al menos, esta es la propuesta que aprobó este jueves el consejo de participación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, cuyo consejo de administración deberá refrendar en su próxima reunión.
Las tres cuatro años de congelación de esta tasa (contando 2019) desde el cambio de Gobierno autonómico contrastan con los incrementos en los años anteriores, con el PP en el Consell.
En concreto, entre 2012 y 2015 el canon sufrió un incremento de hasta el 37%, subidas aprobadas tras saltar a la luz el caso Emarsa que según las investigaciones judiciales ha supuesto un saqueo de unos 25 millones de euros en la depuradora de Pinedo.
Con las actuales tarifas que, salvo imprevisto, se mantendrán el año que viene, una familia de tres miembros en un municipio de más de 50.000 habitantes pagará 116 euros de media en todo 2019, mientras en las localidades más pequeñas el canon será de 83 euros de media al año para el mismo tipo de familia.
Así, por ejemplo en València ciudad, la cuota de servicio (tramo fijo) seguirá siendo de 44,83 euros y la de consumo (variable) de 0,44 euros.
València congela la tarifa de servicio
El alcalde de València, Joan Ribó, acompañado del concejal de Ciclo Integral del agua, Vicent Sarriá, presidió este jueves la reunión del Consejo de EMIVASA, en la que también han estado presentes las concejalas de Medio ambiente, Pilar Soriano, y la de Cooperación, Neus Fábregas.
Joan Ribó resaltó que el Govern de la Nau ha mantenido el compromiso de mantener congelados los recibos del agua desde 2015, y lo continuará haciendo en 2019 “porque se trata de un servicio básico”.
“Por esta razón -ha explicado- no podemos permitir que a una familia se le corte a final de mes el agua, que es un elemento esencial de consumo, por no poder pagar el recibo”.
De esta manera, Joan Ribó se ha hecho eco del convenio firmado con las empresas suministradoras y del protocolo establecido, “mediante el cual, no se le corta a ninguna familia el agua, sino que se comunica la situación a los servicios sociales del Ayuntamiento, que verifica la situación de vulnerabilidad y finalmente se hace cargo del importe”.
Concretamente, desde principios de año hasta el pasado mes de junio, se ha hecho frente a los cortes de suministro de agua que han amenazado familias valencianas en 882 casos.
Con un pago de 189.420 euros que han asumido el Ayuntamiento, EMIVASA y la Fundación Aguas de Valencia. 102.758 de estos euros han sido asumidos por el Consistorio, mientras que la empresa encargada del servicio ha abonado 26.662 euros y la mencionada fundación, 60.000 euros.
