La salida de Montón abre la puerta a la “operación Orengo” para acercar a la Generalitat a Ribera Salud
El fichaje de Carmen Montón para el Ministerio de Sanidad del Gobierno de Pedro Sánchez después de haber conseguido un hito para la izquierda como la recuperación para el sistema público del primer hospital privatizado de España ha sido celebrada en la mayoría de la patronal valenciana, que ha visto a la ya exconsellera de Sanidad como una amenaza al negocio de las empresas de salud privada. Pero no solo por ellos.
En una parte del PSPV, la menos dada e históricamente temerosa a las fricciones con los empresarios, la salida de Montón ha significado un respiro y, a falta de conocer a la nueva inquilina de Sanidad, la posibilidad de un viraje en la política del Gobierno valenciano en cuanto a la reversión de los hospitales privatizados se refiere.
La nueva línea a seguir tiene la intención de continuar con el fin de las concesiones privatizadas en los hospitales de La Marina, Manises, Torrevieja y Elche como marca l'Acord del Botànic, pero con un matiz muy importante. Casi fundamental. En el entorno del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, han visto con muchas reservas el enfrentamiento abierto entre el Gobierno valenciano y Ribera Salud, la empresa que tiene la mayoría de hospitales privatizados y que tenía el 100% del hospital de la Ribera. De hecho, no quieren que una situación así se vuelva a repetir.
Por ello, la postura que gana enteros en la actualidad y que ya se le intentó imponer a Montón es la de seguir con el fin de las privatizaciones, pero no caminando hacia una gestión pública cien por cien, sino favoreciendo la constitución de empresas mixtas al 50% entre la Generalitat y las concesionarias sanitarias. Sería a imagen y semejanza de empresas de agua como Egevasa, donde la Diputación de Valencia controla el 51 % y Aguas de Valencia el 49 %. Es la cacareada por la patronal colaboración público-privada, que defienden a capa y espada en el Palau.
El principal valedor de esta estrategia es el exsecretario general del PSPV y asesor del presidente Ximo Puig, Joan Ignasi Pla. Y no hay pocos partidarios de esta visión en el Consell, como la secretaria autonómica de Hacienda, María José Mira, o el entorno del propio presidente de la Generalitat. Consideran que la actitud beligerante de la Conselleria de Sanidad de Montón con Ribera Salud -propiedad del Banco Sabadell y Centene y dirigida por un empresario pata negra PP como Alberto De Rosa- es contraproducente para la imagen de transversalidad y estabilidad que quiere dar el Consell.
El elegido para consolidar este giro estratégico ha sido el asesor del presidente Puig, José Manuel Orengo, exalcalde de Gandia y fontanero del PSPV desde hace dos décadas. Orengo ya formó parte de las tensas reuniones entre las conselleries de Sanidad y Hacienda con Ribera Salud de los meses anteriores a la reversión del pasado 1 de abril. Él era los ojos y oídos del Palau en la mesa de negociación donde la administración y la empresa que dirige Alberto de Rosa se jugaban varios cientos de millones de euros.
Estas reuniones evidenciaron el enfrentamiento de dos sensibilidades dentro del Consell. Los partidarios de la mano dura contra Ribera Salud, una empresa que no ha escatimado recursos en atacar al Gobierno valenciano criticando la reversión, y los defensores de ser más laxos y abrir la mano a una empresa cuyos accionistas son el Banco Sabadell y la multinacional Centene, un inversor de EEUU. De hecho, esta visión pretende facilitar la vida a Ribera Salud e incluso llegar a posibles ententes para montar empresas mixtas.
El Hospital de la Marina podría ser el primer experimento. La previsible salida de DKV de esta concesionaria permitiría la entrada de la Generalitat en el accionariado. Ribera Salud mantendría el 35% de la propiedad y la administración autonómica entraría con el 65% que compraría a la aseguradora alemana. El negocio continuaría rodando para la empresa valenciana Ribera Salud muy amenazada por el fin de las concesiones valencianas porque, entre otras situaciones, no ha sido capaz de abrirse mercado fuera de la Comunitat Valenciana más allá de pequeños contratos en Eslovaquia o Perú.
José Manuel Orengo ha llevado la voz cantante en esta nueva estrategia y, según explican fuentes conocedoras de las negociaciones, ha planteado posibles soluciones legales al nuevo paradigma que llega.
Otra de las posibles jugadas que podría plantear Ribera Salud ante la nueva situación es la adquisición de la concesionaria del Hospital de Manises, actualmente en manos de Sanitas. No le queda otra opción que la de recuperar negocio a la empresa que dirige Alberto de Rosa puesto que, además, en 2019 abandonará el barco el Banco Sabadell. Solo el fin de la concesión de Alzira le costó a Ribera Salud unos 200 millones de euros en negocios.
