Multas de hasta 30.000 euros para los responsables de las fiestas que provocaron el cierre de la Universitat Politècnica de València

La consellera de Justicia del Gobierno valenciano, Gabriela Bravo, ha informado este martes del resultado de la investigación policial iniciada como consecuencia de la fiesta que se celebró en el colegio mayor Galileo Galilei y que causó el mayor brote de coronavirus detectado hasta ahora en la Comunitat Valenciana con 168 positivos, así como la suspensión de las clases presenciales para los 25.000 alumnos del campus de Vera de la Universidad Politécnica hasta este lunes 19 de octubre.

Bravo ha comentado que Justicia abrió una investigación en el marco de la regulación prevista sobre el cumplimiento de las medidas de la COVID-19 para determinar los hechos ocurridos y las responsabilidades, así como las posibles sanciones. La investigación arrancó el 6 de octubre y se prolongó hasta el 16. En estos días se ha recopilado material audiovisual y se ha determinado la identidad de muchos participantes.

Además, se ha tomado declaración al director del centro, recepcionistas y miembros del consejo colegial, órgano que se encarga de proponer actividades lúdicas que desarrolla colegio. También a personal de mantenimiento y de la Universidad Politécnica.

Según el informe elaborado por la Policía Autonómica, se constata que el 26 de septiembre por la tarde se desarrolló una fiesta en la azotea del colegio mayor de la que da aviso un residente al recepcionista a las 20.00 horas, quien la disuelve a las 21.00 horas. Los agentes han identificado a 12 del medio centenar de asistentes.

Posteriormente, nuevamente residentes dan aviso a la Policía Nacional a la 01.00 horas de otra fiesta en una habitación, en la que los agentes identifican a 22 personas. Entre las 03.00 y las 04.00 horas de la madrugada se da aviso por parte de los residentes al mismo cuerpo policial de otra fiesta en otra habitación y en la que se identifica a seis personas. En ninguna de las tres fiestas se cumplieron las medidas de seguridad en cuanto a distancia social y uso de mascarilla.

Como consecuencia de la investigación, la Policía Autonómica propone multas de entre 600 y 30.000 euros por una infracción grave a los 40 asistentes identificados en las fiestas, a los responsables del colegio mayor por no garantizar la seguridad en sus instalaciones, a los recepcionistas por no impedir la celebración de las fiestas y a los miembros del consejo colegial, organizador de la fiesta en la azotea (aunque alegan que la fiesta se desconvocó el mismo día), algunos de los cuales también asistieron.

Una vez elaborado el informe policial, la Conselleria abrirá el procedimiento sancionador en el que se dará audiencia a las partes implicadas y se determinarán las sanciones definitivas. La investigación sigue abierta para identificar al resto de participantes de la fiesta en la azotea, medio centenar de personas según los agentes.

Las sanciones están fundamentadas en el decreto ley 11/2020, de 24 de julio, del Consell. Según el régimen sancionador específico contra los incumplimientos de las disposiciones reguladoras de les medidas de prevención ante la COVID-19.

El decreto considera infracciones graves, “no respetar los límites de aforo, así como las medidas de prevención e higiene por parte de los establecimientos abiertos al público cuando suponga un grave riesgo que afecte a más de 150 personas” y “organizar reuniones, o fiestas de carácter privado o público, que impliquen una aglomeración que impida la adopción de las medidas sanitarias o se hallen presentes menores de edad y/o mayores de 65 años”.

En las sanciones graves también se contempla la suspensión o prohibición de la actividad, la clausura del local y la inhabilitación para la organización y promoción de espectáculos públicos y actividades recreativas por un periodo máximo de seis meses.