Fraude de ley

Estamos padeciendo en España estos días, además de la gravisima crisis sanitaria, económica y social una muy grave crisis institucional que afecta a las bases mismas del sistema jurídico constitucional y al modelo de Estado de Derecho que la Constitución del 78, establece y muy especialmente en su Titulo VI, el dedicado al Poder Judicial.

Para que el tan manoseado Estado de Derecho pueda funcionar requiere inexcusablemente la existencia y consiguiente coexistencia de los poderes básico en cualquier Estado democrático constitucional, es decir el legislativo, el ejecutivo y el judicial.

Ahora bien, el hecho de su existencia no significa que el rango o jerarquía constitucional resulte similar, porque es evidente que son en las Cortes Generales donde se residencia la soberanía popular, siendo el ejecutivo y el judicial subsidiarios de aquel.    Tal es así, que es el Congreso el que elige al Gobierno de la Nación y son Congreso y Senado los que también eligen a los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Dicho lo anterior, hay que vincularlo con la situación de bloqueo institucional que sufre la renovación de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, por razones estrictamente partidistas de la oposición del PP, cuando sus miembros, que por cierto podían haber renunciado a sus puestos al vencimiento del mandato de cinco años establecido en el artículo 122.3 de la Constitución, se mantienen en sus puestos como si nada ocurriese y a mayor desatino haciendo pleno ejercicio de sus funciones en periodo ordinario y por supuesto percibiendo sus magnificas retribuciones y prebendas.

Venimos observando el juego político que sin ningún descaro ni rubor, desarrollan a diario destacados miembros de ese caduco e ilegitimo Consejo, que nada más y menos resulta que es el que ejerce por mandato constitucional el gobierno de los Jueces y Magistrados, como por ejemplo adoptando como si tal todo tipo de acuerdos de nombramientos de Jueces y Magistrados desde las Salas del Tribunal Supremo hasta Audiencias Provinciales, etc., además de realizar manifestaciones públicas de marcado carácter político que dañan y perjudican a la institución a la que ilegítimamente por caducidad del mandato, aún pertenecen.

Si los miembros de una institución tienen marcado un mandato, en este caso de cinco años, nada menos que por la propia Constitución en su artículo 122, y además resulta que sus integrantes son o deben ser presuntos prestigiosos profesionales del Derecho, como es posible y comprensible que ellos mismos no sean conscientes de la estafa o fraude de ley que están cometiendo por su no renuncia inexcusable e irreversible al desempeño de esos puestos vencidos en plazo desde hace más de dos años. Si su posición es la dicha, solo cabe concluir que su prioridad no es defender las funciones independientes del Consejo General de Poder Judicial, si no deslegitimarlo y dañar aún más si cabe la mala imagen que de la Justicia tiene en general la ciudadanía.

Como ni mucho menos la responsabilidad puede recaer exclusivamente en los vocales del Consejo, hay que reprender y reprobar de manera contundente a las fuerzas políticas que tanto en el Congreso como en el Senado impiden cualquier vuelta a la normalidad democrática, lo cual solo quiere decir que el buen y correcto funcionamiento de la Justicia es un tema menor en sus prioridades, cosa que no resulta de extrañar cuando por ejemplo, el actual Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, es un señor (Juez en excedencia por cierto), que fue condenado en Sentencia firme por conducir una motocicleta a altas horas de la noche en estado de notable embriaguez y sin casco, por el centro de Madrid.

Llámese: fraude de ley, tomadura de pelo, estafa procesal, indignidad, desvergüenza o lo que se nos pueda ocurrir, la situación de crisis que atraviesa el Consejo General del Poder Judicial es inadmisible en un Estado de Derecho, y de esa situación tan responsables son sus actuales vocales como los grupos políticos que deben proceder de forma inmediata a resolver su caducada e ilegitima situación. 

*Francisco A. Serrano Martín, abogado. Letrado en excedencia de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat Valenciana