València, del caos a la política de nadie

“Marxa la Vida afusada pel túnel

misteriós i cruel de la Història.

entre ressons de buidor i tenebres…

Hi ha poca llum a les dents raspallades

i massa llavis vermells de desitjos“.

Carles Salvador. València. ‘Crits i febre’ (1952)

La realidad política valenciana sigue difusa y desencajada. València y el País Valenciano están incapacitados para alcanzar la Carta de Capitalidad para el Cap i Casal. Quince años de persecución partidista, ocho con el Ayuntamiento del Botànic y Rialto (Compromís y PSOE) y tres de ‘excelsa’ alcaldía de María José Catalá (PP y Vox). Fracaso rotundo de las voluntades políticas hegemónicas. Desde los estertores de Rita Barberá, frustrada la etapa regeneracionista de Joan Ribó, hasta la prueba evidente de la desconexión entre la Generalitat, de sello alicantino y los regentes del PP de Caltalá en la municipalidad valenciana. Unos por otros no han sido posible la tricapitalidad del solar municipal que perdió su Reino para ser comunidad subsidiaria desde los tiempos de la reconquista zaplanista.

Sin conductor ni proyecto

Los valencianos tienen la sensación de que viajan en el tren autonómico del País Valenciano sin conductor. Sin gobierno ni líder. La tecnología suple la función humana en la movilidad, con resultados de riesgo. Se ha machacado tanto la carencia del Corredor Mediterráneo –por muchos años, aunque aseguren lo contrario Josep Vicent Boira y el lobby AVE, Asociación Valenciana de Empresarios– que la política económico-empresarial valenciana aparenta no padecer otras dolencias. A excepción de la irresoluta financiación autonómica valenciana, causa primera de las incapacidades políticas de los gestores de la cosa pública que afecta a todos los valencianos. Como si viajar en tren rápido supliera el desbarajuste territorial y solucionara las profundas carencias humanas, culturales, de competitividad y productividad, formación, desindustrialización y reinos de taifas en los que se ha convertido la política sucursalista valenciana. Ni Camps, ni Fabra, ni Ximo Puig, ni Mazón, ni ahora Juanfran Pérez Llorca, han sido capaces de romper el nudo gordiano del desencuentro, entre Cap i Casal y Generalitat, que muere en la anodina e inconclusa plaza del Ayuntamiento capitalino. ’Porca misèria e porco governo’ en sutil expresión italiana.

Desmadre fallero

Los festejos falleros marcan el hito anual en la sociedad valenciana. Las fallas, no las de la ‘estoreta velleta’, sino las de la ‘coentor’, ponen a prueba la resistencia cívica y la tensión que son capaces de soportar los 844.424 habitantes del Cap i Casal. núcleo urbano que concentra la atención del millón y medio de humanos que constituyen el cordón de su extensa área metropolitana. La alcaldesa de València, María José Catalá y su concejo municipal, ante la ingobernabilidad de facto que suponen unas fiestas que colapsan la vida y la economía ciudadana durante cuatro semanas, se lamentan de que el desmadre de propios y visitantes sobrepasan la capacidad del Consistorio. Quedan en el aire los servicios básicos de seguridad, policía, sanidad, contaminación acústica, medioambiente y respeto al derecho que tienen ‘los otros’ valencianos a no padecer alterada la habitabilidad urbana. Faltaban las hordas de influencers y bárbaros que desembarcan en València durante estas, sabedores de que se convierte en ciudad sin ley. Donde se permiten prácticas pirotécnicas con artefactos explosivos de notable peligrosidad en su transporte, manipulación, almacenamiento y finalmente en sus detonaciones. Carentes de la más mínima supervisión que garantice la seguridad de instalaciones, mobiliario o personas. A estos especímenes pseudo turísticos son a los que el Consell de la Generalitat, presidido por Juanfran Pérez Llorca, se niega en redondo a imponerles una tasa turística por pernoctación. Por si los colegas hoteleros y restauradores del presidente, sienten lesionados sus derechos y mermados los ingresos corporativos, cuyo coste pagan los contribuyentes, falleros o no de la ciudad.

Pocos frente a muchos

En València el censo fallero asciende a 128.675, con un aumento anual registrado por la Junta Central Falleras de 8.000 miembros, además de los que se añaden sin afiliación a los eventos que nutren casales, carpas, pasacalles, paradores y ofrenda. Es decir, 128.000 imponen su desenfrenada necesidad de jolgorio a los restantes 700.000 habitantes de la ciudad. Muchos otros se ven obligados a huir de sus domicilios y barrios para no perder el sosiego y vivir sin el riesgo que supone una ciudad colapsada por 300 carpas y 400 calles cortadas, además de otros comportamientos incívicos, consentidos o no. La trascendencia política y el efecto electoral deberían tenerlos muy presentes los dirigentes concernidos. Está creciendo el número de asociaciones y colectivos ciudadanos organizados que, antes y después de las celebraciones falleras, claman por el replanteamiento de esta alteración de la vida urbana. Exigen que se formule una normativa, aplicable y sancionable en su incumplimiento, para las extralimitaciones que forman parte más de la conducta insolente, que de la expresión festiva tradicional.

La ciudad de València es vital

En la actualidad la responsabilidad política principal es del Partido Popular al que corresponde la acción de gobierno bajo la presidencia de María José Catalá,y del director de su grupo municipal, Ignacio Rodríguez Santana, estratega y experto en quinielas electorales y extorsiones especiales para alcanzar la reelección en 2027. Ojo al dato: para conseguir la Generalitat, hasta ahora, es condición necesaria vencer en la ciudad de València. Juanfran Pérez Llorca, preside la Generalitat desde la voluntad buenista –entendimiento, calma, diálogo, pacto, entente, -- pero atenazado entre la obediencia ciega a Feijóo-Génova y la sumisión al conjuro alicantinista. Del que procede, junto a su mentor Carlos Mazón, cuyos rincones oscuros de animadversión cantonalista, les impide calibrar la dimensión y la gravedad de las urgencias inaplazables del País Valenciano. Con o sin ellos.

Reto electoral inminente

Queda poco más de un año para afrontar el desafío electoral de 2027. El País Valenciano se la juega entre dos opciones. Una nítida: de continuidad de la alianza de fuerzas políticas conocidas y hermanas –PP y Vox–. Contentas ambas de haberse conocido, discurren acompasadas por la involución reaccionaria contra las autonomías, las señas de identidad de raíz histórica, la lengua, la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), la visión pacata y utilitarista del europeísmo, con zancadillas a las instituciones y entidades autóctonas que no manipulan. Contra los medios de comunicación independientes y contra la libertad de expresión que no sigue los dictados de sus imposiciones y exigencias. El método seguido es el mismo que aplicó férreamente la Generalitat tras la conquista del Palau dels Cavallers de Eduardo Zaplana en 1995. Cerco a la información perpetrado a manos de su cancerbero y ‘chico de prensa’, el periodista Pedro García Gimeno, natural de Alzira (1969), condenado a 11 años de prisión por corrupción en la dirección de la Televisión Valenciana. Delitos vinculados al caso Gürtel durante la visita del Papa Benedicto XVI a València en 2006.

Vector socialista

La alternativa a la previsible continuidad de la Generalitat PP- Vox debería estar configurada sobre los cimientos lermistas del Partido Socialista Obrero Español. Formación política que promociona en su liderazgo autonómico a Diana Morant (Gandia, 1980), ingeniera, secretaria general del PSPV y ministra de Ciencia, Innovación y Universidades. Ostenta impecable historial académico y político en Madrid, aunque ofrece un perfil indefinido de idoneidad en popularidad y conocimiento a pie de calle de la peculiar y compleja realidad valenciana. Incluido el proceloso mundo que subyace en las filas de su partido. El PSPV es la segunda mayor federación territorial del Partido Socialista ubicada en el País Valenciano, que dirige la ex alcaldesa de Gandia y tiene el compromiso de liderar con éxito.

Compromiso de obediencia valenciana

Compromís es el complemento, hasta ahora necesario, para que cuaje el envite progresista de cara a los próximos comicios: locales, autonómicos y estatales. Tras la fallida incorporación de Compromís o Més Compromís a la coalición Sumar en la política española, quienes tomaron aquella decisión tendrían que expiar el error. Entonar un intenso examen de conciencia sobre un quiebro de ida y vuelta que ha llevado a la formación política a difuminar su filiación valenciana. El compromiso con sus votantes para defender a brazo partido los intereses de los valencianos. Prioritariamente frente a los condicionamientos de la política centrípeta estatal que ha degenerado en ignorancia incivil hacia el País Valenciano. De las exigencias inexcusables para que la voluntad de ser de los valencianos prevalezca y recupere el terreno perdido. No se trata de conseguir asientos confortables y bien remunerados– en ayuntamientos, Corts, Congreso, Senado o Europarlamento– a cualquier precio, sino de construir, desde abajo, los fundamentos de la sociedad valenciana, con personalidad propia y posibilidad de éxito. Compromís debería plantearse dos retos urgentes para sobrevivir y constituir la opción de obediencia valenciana – más que de derechas o de izquierdas– que el País Valenciano requiere para garantizar su supervivencia con dignidad.

La Dana 2024, punto y aparte

En la política valenciana y quizás en la conciencia más íntima y medular de los valencianos, hay un antes y un después a partir de la conocida Dana de 29 de octubre de 2024. Al margen de competencias, responsabilidades, tácticas o jerarquías, los ciudadanos se enfrentan en aquella fecha a la constatación de que quedaron indefensos más de un millón de valencianos en 60 municipios y varias comarcas, ante la inclemencia climatológica. Por la ineficiencia de las instituciones públicas y las administraciones en la gestión de la catástrofe. Unas más culpables que otras. Hubo 230 muertos, miles de heridos, infinitos siniestros y mucha más imprevisión y negligencia que pudo llevar a que las consecuencias fueran aún más desastrosas y dramáticas. Todavía tuvimos suerte. Por encima de la necedad de quienes niegan las consecuencias del cambio climático, se superpone la necesidad urgente de garantizar la eficiencia en las personas o partidos políticos que acceden a cargos relevantes en organismos públicos. Los hay estrictamente políticos y de carácter funcionarial y técnico. Los valencianos no se pueden arriesgar –a partir de 2027– a tener unos representantes mentirosos, cobardes, miserables, inmorales o desvergonzados. Sean del color político que sean. Tampoco tienen los valencianos que pasar por la ignominia de que se les nombre a dedo desde Madrid a un militar- general para intentar tapar la insolvencia manifiesta de quienes estaban teóricamente a cargo de las palancas en la sala de máquinas del País Valenciano. El general Francisco Gan Pámpols, no debió aceptar el cargo. Ni debería haber sido propuesto y menos nombrado vicepresidente de la Generalitat por Carlos Mazón, con el visto bueno de Alberto Núñez Feijóo. A la vista ha quedado la trayectoria y de los costosos resultados de la gestión, plagada de excusas y pretextos inconvenientes expuestos en las declaraciones a la prensa del general depuesto. Los valencianos no son responsables de su fracaso ni de que cayera en un órgano de gobierno descabezado desde sus orígenes.

Jugarse el futuro

La sensación de desgobierno se palpa entre los valencianos. En una legislatura caracterizada por los parches y remiendos, agravada por la inacción y la falta de discernimiento acerca de las medidas a tomar ante la difícil situación geopolítica española condicionada por la gravedad de la crisis bélica y logística internacional. La urgencia de decidir sacude las conciencias de los futuros electores que carentes de opciones fiables se sienten tentados por el voto en blanco o la abstención. A su vez se plantea un grave riesgo para el proceso democrático en el Reino de España por la política de nadie que puede implantarse en la València sin ‘Reino’ ni capacidad de autogobierno. Quien conoce las reglas no escritas del devenir político saben que ni Francisco Camps, con sus reapariciones estrambóticas como alter ego del PP, ni Mónica Oltra, con su bagaje político descompuesto para Compromís (Joan Baldoví, solo ante el peligro) ni el incombustible alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez Gramage, usufructuador, por Ens Uneix, de la Diputación de València, constituyen opciones al modo de la leyenda del Cid, que le llevó a reinar después de su extinción. No hay tiempo que perder para implementar los repuestos, a la vista de que la solución no consiste en seguir el escalafón y la inercia de los partidos cegados por el clientelismo. Los errores en estos tiempos tienen precio. Está en juego el futuro del País Valenciano.