Pérez Llorca desahucia a la Junta Arbitral de Alicante de un piso público para que Mazón monte su oficina de expresidente

La Junta Arbitral de Consumo de la provincia de Alicante se encuentra en estos momentos sin un edificio público en el que poder realizar sus audiencias para dirimir conflictos entre consumidores y empresas. El motivo no han sido los elevados precios del mercado inmobiliario o las malas artes de un fondo buitre, sino porque el Gobierno de Pérez Llorca ha desahuciado a esta entidad pública de un piso propiedad de la Generalitat para que Carlos Mazón sitúe allí su oficina de expresidente, donde podrá trabajar él y los dos asesores que puede contratar para que le asistan. El inmueble dispone de cuatro habitaciones y está ubicado en el sexto piso de un edificio de la calle Ingeniero Lafarga de Alicante con unas espectaculares vistas al puerto deportivo.

Fuentes de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo han confirmado a elDiario.es que tras la decisión de sacar del piso a la Junta Arbitral de Alicante, “se les está buscando una nueva ubicación”. Hasta la fecha, por su gran tamaño, el inmueble se estaba utilizando para realizar las audiencias sobre denuncias de consumidores que se solucionaban por arbitraje. Los denunciantes y los denunciados se situaban en habitaciones distintas para que no se tuvieran que cruzar y la reunión se celebraba en el comedor, donde caben una docena de personas. Según fuentes conocedoras de su uso, el edificio siempre se había utilizado para temas relacionados por Consumo. A partir de ahora, su uso dependerá de Presidencia, departamento del que cuelgan las oficinas de los expresidentes.

Según ha podido saber elDiario.es, los responsables de la Junta Arbitral de Consumo ya han entregado las llaves, por lo que en este momento está sin uso hasta que se instalen los nuevos inquilinos designados por el propio Mazón. Los trabajadores de la entidad pública financiada por la Generalitat, el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación de Alicante no han podido sacar sus ordenadores ni un televisor gigante adquirido recientemente.

De momento, el presidente no ha nombrado asesores para su oficina, aunque todo apunta a que serán sus lugartenientes en Presidencia, José Manuel Cuenca y Santiago Lumbreras. Ambos, que ocupaban puestos de secretarios autonómicos, han sido destituidos por Juan Francisco Pérez Llorca y están en estos momentos a la espera de destino.

Curiosamente, en la decisión para cambiar el uso del piso de la calle Ingeniero Lafarga de sede de la Junta Arbitral de Consumo a oficina del expresidente Carlos Mazón, ha intervenido hasta la semana pasada subsecretaria de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Elena Lumbreras. Elena Lumbreras, que fue cesada el pasado viernes y sustituida por Ricardo Bayona, es hermana de Santiago Lumbreras, el exjefe de gabinete de Mazón en la Diputación de Alicante y también exsecretario autonómico de Relaciones Institucionales del presidente dimitido.

La Oficina de Apoyo a los expresidentes depende de Presidencia de la Generalitat. El estatuto de expresidentes establece que el Consell de la Generalitat pondrá a disposición de los expresidentes “los medios necesarios para el sostenimiento de una oficina de apoyo”, que son, según la legislación, los siguientes: dos puestos de trabajo con funciones de asesoramiento y una plaza de conductor, que serán cubiertos a propuesta del expresidente y que dependerán orgánicamente de la Presidencia de la Generalitat. Mazón podrá tener abierta esta oficina durante dos años y seis meses, los mismos que estuvo como presidente de la Generalitat Valenciana.

El personal que ocupe los puestos citados tendrá la consideración de personal eventual y, si fuese personal al servicio de la Generalitat, quedarán en la situación administrativa que legalmente corresponda. El Ejecutivo autonómico también debe proporcionarle “un local adecuado para la instalación de la mencionada oficina, la dotación presupuestaria para su funcionamiento ordinario y un automóvil del parque móvil de la Generalitat”.

El Consell también tiene la obligación de proporcionar escoltas a los exmandatarios: dice la norma que “adoptará las actuaciones que sean precisas para preservar la seguridad personal de los expresidentes, dotándoles de los servicios de seguridad que se consideren necesarios”.