El Gobierno valenciano financiará un estudio sobre la discriminación en la prostitución

El Gobierno valenciano financiará con 7.000 euros un proyecto de estudio sobre el discurso de odio, el estigma y la discriminación en la prostitución que llevará a cabo un colectivo de trabajadoras sexuales. El estudio forma parte de la veintena de proyectos que subvencionará la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas en la línea “Programa de Igualdad de trato y no discriminación”, a los que la Generalitat destina 236.000 euros en total.

El objetivo del proyecto, al que ha tenido acceso eldiario.es, consiste en “disminuir la discriminación social hacia las personas que sufren la prostitución, en especial las mujeres” y correrá a cargo de la Asociación CATS-Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, un colectivo creado en Murcia, con actuaciones en Alicante, cuyos fines son, entre otros, el “reconocimiento de los derechos de ciudadanía de quienes se dedican al trabajo sexual”, “ayudar a la obtención de un trabajo alternativo a quienes deseen abandonar la prostitución”, “atender a sus demandas no cubiertas por la administración” o “luchar contra la explotación, la prostitución forzada y otras situaciones de violencia en prostitución”. El programa consta de una serie de entrevistas con las mujeres que ejercen la prostitución y finalizará con acciones sociales de divulgación de sus conclusiones.

El colectivo que ha optado al programa ha levantado recelos en las integrantes del Frente Abolicionista valenciano, que ha trasladado a Unidas Podemos sus dudas. En alguna ocasión CATS ha identificado como discurso de odio el discurso abolicionista feminista, como en declaraciones a El Mundo, en las que una representante aseguraba que “el discurso abolicionista es un discurso de odio procedente de un feminismo burgués”.  El mismo colectivo ha participado y apoyado actos con OTRAS, el sindicato de prostitutas cuestionado incluso por la ministra de Trabajo, y con Aprosex, que se define como organización de profesionales del sexo y fue cuestionada por impartir cursos de iniciación a la prostitución.

Escuchadas las demandas de algunos sectores del feminismo abolicionista -una postura que busca acabar con la prostitución, al entenderla como una forma de violencia contra las mujeres y una de las máximas expresiones del patriarcado-, el grupo parlamentario Unidas Podemos ha solicitado al Consell información sobre el contenido del programa.

Según explica la diputada Cristina Cabedo, al margen de la alarma que pueda levantar el estudio en cuestión, el partido quiere estudiar si el proyecto encaja en el pacto valenciano contra la violencia machista. La diputada recuerda que antes de las elecciones el PSPV, Compromís y Unidas Podemos suscribieron una quincena de compromisos con la Coordinadora Feminista, entre los que figura “crear las condiciones necesarias para que ninguna mujer pueda ser obligada o se vea abocada a prostituirse, a ser explotada sexualmente o ser víctima de trata”. 

El Gobierno valenciano no tiene una postura unitaria sobre la prostitución, como tampoco la hay en el movimiento feminista, ni en los partidos que asumen esta lucha. El Partido Socialista sí es abiertamente abolicionista, mientras que Unidas Podemos está trabajando en una posición común con los círculos sectoriales de feminismos y Compromís no ha abierto este debate.