La batalla por Alicante, una circunscripción disputada en clave valenciana

Alicante es una provincia plagada de contrastes, fuertemente polarizada. Los municipios de las comarcas de La Marina, al norte, en poco se parecen a la Vega Baja, los de más al sur, como en poco se parece el tejido productivo de Elche al de Alicante ciudad. Es la quinta provincia por PIB de España, pero la que menos aportación del Estado recibe. Concentra algunas de las zonas más ricas y los diez municipios más pobres de la Comunitat Valenciana. Cuenta con dos millones de habitantes censados (un 37% de la Comunitat Valenciana) y una población flotante en época estival que duplica la capacidad de algunos municipios.

En sentimiento de pertenencia está a la cabeza de españolidad, mientras agrupa numerosas colonias británicas y noruegas. En las calles de algunas de sus localidades es más fácil encontrar un letrero en inglés que en valenciano. Concentra también las movilizaciones contra el Gobierno central y el autonómico, con una marcada división territorial. En el agua, tema clave, no conoce término medio: o se enfrenta a largas sequías o a graves inundaciones. Feudo tradicional de la derecha, es una de las plazas decisivas para el próximo 28 de mayo, a menudo considerado un territorio inexpugnable para la izquierda.

Primeros contrastes. Según el Instituto Nacional de Estadística, concentra algunos de los municipios más pobres del país, como San Fulgencio, con menos de 7.200 euros de renta media. El sur aglutina los municipios más empobrecidos de la Comunitat Valenciana; la costa las zonas más pudientes. En su conjunto, las diez localidades con la renta media per cápita más baja en 2021 eran alicantinas, situadas en el interior: Almoradí, Torrevieja, Crevillent , Aspe, Pilar de la Horadada y Elda, que no superaban los 9.000 euros de renta media. Unos 50 euros por encima están Alfàs del Pi, Orihuela, Petrer y Calp y con menos de 9.500 euros Elche, Villena y Xàbia.

En algunas barriadas de Orihuela no alcanzan una renta anual de 20.000 euros; en su centro superan los 38.000, según el registro del INE y la Agencia Tributaria. En Elche algunas zonas registran rentas superiores a los 59.000 euros, con barrios con menos de 15.000 euros de renta anual, que reducen drásticamente la media de riqueza por habitante. En Alicante ciudad, con una renta media de 28.000 euros y secciones censales con más de 65.000, hay islas de pobreza, como el barrio Juan XXIII, uno de los más pobres de España, con una renta media inferior a los 14.000 euros anuales. La ciudad es la tercera capital de provincia con más secciones censales pobres: un 22%.

En Alicante disminuye la renta a medida que aumentan los kilómetros de distancia de la capital. En la costa, por contra, brotan los municipios con secciones censales en las que se superan las rentas de 40.000 euros anuales, como Sant Joan (con secciones de hasta 60.000 euros), El Campello (hasta 45.157), Benidorm (hasta 51.406 euros) o Dénia (unos 42.000 euros en algunas áreas). En Mutxamel, a 11 kilómetros de la la capital, hay zonas que registran 65.000 euros de renta anual.

Fuente: INE, Agencia Tributaria

La provincia es además líder en infrafinanciación e infrainversión. Las agrupaciones empresariales y la sociedad civil llevan años denunciando la falta de recursos públicos del Estado. En los presupuestos para 2023 la Administración central prevé invertir 85,48 euros por cada alicantino, casi 200 euros menos por habitante que la media en el conjunto del Estado español. La Confederación Empresarial Valenciana calcula que la provincia acumula un déficit inversor de 3.539 millones de euros desde 2018, al no recibir recursos proporcionales a la población. La escasa inversión llevó a la sociedad civil y al Consell a manifestarse contra este hecho.

Escasez de recursos hídricos

Más contrastes. En Alicante el agua es un tema central, por exceso y por defecto. Sufre la peor cara del cambio climático, la combinación de sequías y lluvias torrenciales. La DANA de 2019 dejó un territorio arrasado; 600 litros de lluvia por metro cuadrado en dos días provocaron una crecida del río Segura que dejó Orihuela como una isla, con pérdidas millonarias. Tras el episodio desastroso, la Generalitat Valenciana impulsó el Plan Vega Renhace, un proceso participativo que culminó con la inversión de 750 millones de euros para reconstruir la comarca.

Pese a las lluvias torrenciales puntuales, lo habitual en las comarcas del sur es la sequía. La reserva hídrica de la Cuenca del Segura se encuentra al 33% de su capacidad. Algunas zonas registran un déficit hídrico superior al 50% este otoño-invierno: ha llovido la mitad de la media habitual en los últimos 20 años. El Ministerio de Agricultura calcula que un tercio de la superficie de Alicante está en riesgo de desertificación y advierte de un aumento de la aridez de los suelos. En 20 años la provincia ha perdido un 40% de su suelo fértil. Las zonas más afectadas son el litoral de la Marina Baixa, el interior de l’Alacantí, el interior de la Vega Baja y las comarcas del Vinalopó.

En algunas comarcas como el Baix Vinalopó, prácticamente el 100% de los cultivos son de regadío. En la Vega Baja, el Vinalopó Mitjà y l'Alacantí, más del 80%, según los datos de la Cámara de Comercio de Alicante en 2020. Por ello la decisión del Ministerio de Transición Ecológica sobre el trasvase Tajo-Segura ha sentado tan mal. Por ello el Consell ha recurrido judicialmente la decisión. Por ello el Gobierno ha anunciado un paquete de medidas para subvencionar el agua desalada. El sector primario, cerca de un 2% de su PIB, necesita esa agua para sobrevivir, una cuestión que lo lleva periódicamente a protagonizar movilizaciones. La derecha, desde Ciudadanos a Vox, con notable protagonismo del PP, ha hecho de la guerra del agua su bandera, reclamando constantemente mayor cantidad de agua trasvasada. Los socialistas valencianos, por su parte, insisten en la depuración de las aguas del Tajo, las subvenciones al agua desalada y la mejora en la gestión de los recursos hídricos.

Un foco de movilización contra el valenciano

Las comarcas del sur también difieren respecto a sus sentimientos identitarios con el resto del mapa autonómico. En el conjunto de la Comunitat Valenciana ha crecido casi en 3 puntos porcentuales la población que afirma sentirse valenciana y en casi seis puntos los que afirman identificarse tan valencianos como españoles en ocho años, mientras que caen 9 puntos los que afirman sentirse más españoles que valencianos. Así, el 21% se siente más español, el 63% tan valenciano como español y el 8,1% más valenciano, según el barómetro de la Generalitat Valenciana del último año, correspondiente a octubre de 2022.

En Alicante la historia cambia, y lo hace a medida que se acerca a Murcia: un 24,6% de los alicantinos se sienten más españoles, un 62% tan españoles como valencianos y un 4,3% más valencianos que españoles. En las comarcas del sur de Alicante estos porcentajes son del 31%, el 52% y del 1,9%. Es en las comarcas que bordean Murcia donde los alicantinos se sienten más españoles que valencianos y donde menos valencianos se sienten.

Las comarcas alicantinas han sido un foco de movilización contra las políticas del Pacto del Botánico y del Gobierno de coalición estatal del PSOE y Unidas Podemos. Entre los temas principales, la educación, con manifestaciones contra el decreto que fomenta el uso del valenciano en la escuela pública, un tema del que el PP hizo bandera. En la pasada legislatura, la corporación provincial bajo el mando de Carlos Mazón, hoy candidato de los populares a la Generalitat, recurrió el decreto de plurilingüismo de la Conselleria de Educación, gestionada por Compromís.

En algunos casos, hasta integrantes de los partidos del Gobierno valenciano (PSPV, Compromís y Unides Podem) y representantes institucionales han salido a la calle contra medidas que consideran un agravio, como el recorte del trasvase Tajo-Segura o contra la escasa inversión de los Presupuestos Generales del Estado para las comarcas del sur, promovida por la plataforma 'Per un finançament just'.

Turismo, el buque insignia

En la tierra del urbanismo y del “sol y playa”, el comercio y el turismo suponen el 30% del PIB, con datos de 2019 de la Cámara de Comercio. Les siguen las actividades financieras e inmobiliarias, que en el mismo año suponían un 25%. Ese año la provincia de Alicante contaba con 277.000 plazas en apartamentos turísticos y 76.500 en hoteles; son el 46% de los establecimientos hoteleros de toda la comunidad autónoma y el 66% de los apartamentos turísticos. Ese año recibió 2.338.356 turistas, más de la mitad de los visitantes registrados en la Comunitat Valenciana, un tercio de ellos noruegos y británicos. Tras la pandemia, el Banco de España advirtió de que esta economía, tan dependiente del turismo, había sido de las más afectadas por la crisis.

El peso del sector turístico lleva a las comarcas alicantinas a multiplicar su población en época estival, lo que a su vez repercute en el coste de los servicios públicos. El sector, especialmente la patronal hotelera de Benidorm, Hosbec, ha liderado las protestas contra la ley que establece una tasa turística voluntaria, una de las medidas estrella de Unides Podem-Esquerra Unida y Compromís, precisamente pensada para que sea el visitante quién cargue con el peso extra de la actividad, no el municipio. A esta oposición se sumaron alcaldes del PP y PSOE, ediles de municipios con gran actividad hotelera; la presión llevó a establecer que la tasa sería voluntaria, con una moratoria para su entrada en vigor. Por contra, las Kellys, el colectivo de trabajadoras de limpieza en el sector servicios, llevan años preguntando cómo puede ser que el turismo genere tanta riqueza sobre el papel pero no la suficiente para pagarles un salario digno.

¿Un feudo de la derecha?

Las comarcas alicantinas han sido en las últimas décadas un feudo para la derecha. Los populares gestionan históricamente la Diputación de Alicante, fruto de sus victorias municipales, tras un mandato de UCD y tres mandatos socialistas. Desde 1995 todo han sido victorias de los populares. Lo mismo sucedió en el Ayuntamiento de Alicante: desde que lo dejó el socialista Ángel Luna, también tras los comicios de 1995, se han sucedido las victorias conservadoras, con un paréntesis en 2015 de un pacto de izquierdas liderado por el PSOE.

Con todo, algunos datos relativizan esta afirmación, poniendo en duda que sea un fuerte inexpugnable. Los casos de corrupción que han ido estallando en la provincia pueden mermar el apoyo a las fuerzas conservadoras. El caso Brugal es el máximo exponente, pero a él se suman las imputaciones de varios candidatos del PP, como el alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana.

De nuevo, contrastes: en las pasadas elecciones generales, en noviembre de 2019, la Vega Baja fue el nicho de Vox, mientras el PSOE venció en las grandes ciudades. Hace cuatro años la ultraderecha fue la fuerza más votada en una docena de municipios alicantinos, la mayoría en la comarca más al sur, y quedó segunda en seis más en la provincia, mientras los socialistas aguantaron como primera fuerza política en ciudades como Alicante, Torrevieja, Alcoi, Benidorm, Elx, la Vila Joiosa, Altea o Villena. En algunos municipios como San Fulgencio, con alcalde socialista, la de la ultraderecha fue la papeleta más utilizada en las generales. La ultraderecha consiguió cerca de 50.000 votos más en noviembre que en abril en los comicios estatales.

En las elecciones autonómicas de 2019, el bloque de la derecha rozó el 50% del voto en la provincia, sumando PP, Ciudadanos y Vox 18 escaños, mientras que la izquierda se quedó en el 45%, con 17 escaños resultado de la suma del PSPV, Compromís y Unides Podem. En Orihuela, capital de la Vega Baja, la derecha sumó un 60% de los votos; la izquierda del Pacto del Botánico un 34%.

Las encuestas pronostican para los comicios del 28M un resultado similar. El sondeo de Simple Lógica para eldiario.es apunta que en la circunscripción de Alicante la derecha vencería por un diputado, en línea con el resultado de las pasadas autonómicas: 18 escaños para la derecha, 17 para la izquierda. El estudio demoscópico apunta que el PP absorbería prácticamente todo el voto de Ciudadanos, aumentando de siete representantes obtenidos la pasada legislatura a 13, mientras que Vox pasaría de cuatro a cinco diputados.

La mayor parte de estudios demoscópicos apuntan que la derecha se mantendrá fuerte en la zona más al sur. Pese a ello, los seis partidos con representación en las Corts Valencianes, que optan a formar gobierno, han intensificado su presencia. Los socialistas llevan meses -si no prácticamente toda la legislatura-, realizando actos en Alicante, incrementando la acción del Gobierno -la Ciudad de la Luz, la Conselleria de Universidades, el plan de recuperación-, atendiendo formalmente las peticiones y participando en las manifestaciones, una campaña que en estas dos semanas se acelera. Situaron a la exconsellera de Sanidad, Ana Barceló, como candidata al Ayuntamiento de Alicante.

Compromís ha celebrado decenas de actos sectoriales en las comarcas en las que cree que puede afianzar su resultado, con la acción de Gerard Fullana, su representante en la Diputación, que ha visualizado la oposición a Carlos Mazón, como estandarte, y la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, como número uno a las Corts Valencianes por la circunscripción. Unides Podem-Esquerra Unida celebrará allí su mitin central, con la presencia de la vicepresidenta y líder de Sumar, Yolanda Díaz, sacando pecho de su oposición en municipios como Orihuela o de las políticas de memoria democrática en un territorio que aún tiene en el recuerdo los horrores del franquismo. Mientras, PP y Vox intensifican sus temas de campaña: agua y lengua. Con un reparto de escaños muy ajustado según las encuestas, todos se la juegan en Alicante.