César Sánchez esgrime su condición de aforado para no declarar como imputado en el caso del cementerio de Calp

El exalcalde de Calp, expresidente de la Diputación de Alicante y en la actualidad diputado del PP por Alicante en el Congreso, César Sánchez, se ha acogido a su condición de aforado como miembro de la Cámara Baja para no declarar como investigado -la actual acepción de imputado- este jueves ante un juzgado de Dénia en el caso de las presuntas irregularidades del cementerio de Calp.

Lo que está investigando el juzgado es la legalidad de una exhumación que se produjo en el camposanto en enero de 2019, cuando Sánchez todavía era alcalde de Calp, además de presidente de la Diputación, y que, según la denuncia, presentada en su día por el PSPV, habría favorecido a una familia con vinculaciones en el PP local.

Por el mismo asunto también están imputados otro exconcejal del municipio, Bernardo Moll, quien en el pasado mandato gestionaba ese cementerio, así como el jefe de Recursos Humanos del ayuntamiento, Antonio Cabrera. Tanto este último como Moll estaban citados este jueves ante el tribunal y han acudido a declarar a Dénia.

Los presuntos delitos que se están investigando son el de acoso laboral en la persona de un funcionario municipal, quien alertó de que la exhumación no se ajustaba a la normativa, el de prevaricación administrativa y el de falsedad en documento oficial.

Un caso que salta de Calp a Madrid

De este modo, un asunto fraguado en los entresijos del Ayuntamiento de Calp amenaza con convertirse en una problemática nacional, dada la condición de diputado en Madrid de César Sánchez, quien no es un congresista cualquiera: en las dos últimas elecciones generales se presentó como número 1 de la lista del PP por la circunscripción de Alicante y tiene un cierto peso en la cúpula de la formación que preside Pablo Casado.

Fue en mayo del año pasado cuando el juzgado de Dénia decidió incoar diligencias después de que el 24 de enero de aquel 2019 fuera exhumada por la mañana una persona que había fallecido en 1973 para poder enterrar por la tarde en el mismo nicho a una familiar del jefe de Recursos Humanos, Antonio Cabrera. Este último es, además, hermano de Paco Cabrera, quien en su día fuera primer teniente de alcalde en el gabinete de César Sánchez y además presidente local del PP en Calp.

La cuestión es que según la interpretación de la normativa del camposanto tanto del citado funcionario como de la denuncia del PSPV, el ciudadano que fue desalojado del nicho, Willhelm Klatt, de origen alemán, tenía derecho a seguir permaneciendo allí. Como mínimo, hasta 2037.

Un juzgado de paz frustrado

Las miradas del caso también se han centrado en Bernardo Moll, quien en cambio ha prestado declaración ante el juzgado este jueves. Según la investigación policial, el exedil del PP habría amenazado al funcionario que le advirtió de los inconvenientes legales de la exhumación “con putearle y mandarle arriba a contar gaviotas”.

Pese a esas advertencias, Moll firmó digitalmente la providencia de la controvertida exhumación y en una contestación al PP defendió además su inocencia: aseguró que el nicho donde se hallaba Klatt se encontraba abandonado y aseguró que según la última modificación de la ordenanza era legal retirar los restos de este ciudadano alemán.

En los últimos meses, este caso ha tenido un curioso epílogo político y judicial en Calp. En el pasado mes de diciembre, y a pesar de que ya estaba siendo investigado, Moll decidió presentarse a juez de paz del municipio con el apoyo explícito de la actual alcaldesa y sucesora de César Sánchez, la también popular Ana Sala. Pero la jugada salió mal: Moll no resultó elegido porque concejales del propio gobierno de Sala -donde además del PP se encuentra Ciudadanos- decidieron respaldar a otro candidato, desmarcándose así de la postura de su alcaldesa.