La CHJ desmonta el mito de la limpieza de la vegetación en barrancos: reduce la velocidad y ayuda a laminar las avenidas
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha respondido a la preocupación trasladada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) por el estado de conservación del nuevo cauce del Turia y de otros barrancos y cauces de la Comunitat Valenciana. El organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica defiende que mantiene durante todo el año equipos destinados a la conservación, mantenimiento y restauración de los cauces dentro de sus competencias, aunque recuerda que estas no implican la obligación de limpiar todos los cauces y en cualquier circunstancia.
La CHJ explica que estas actuaciones forman parte del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar y que sus trabajos se centran fundamentalmente en la protección del dominio público hidráulico y en la retirada de obstáculos naturales que puedan dificultar el paso del agua, como árboles caídos, acumulaciones de sedimentos o determinados elementos de vegetación.
Sin embargo, la Confederación establece un reparto de responsabilidades con otras administraciones. Cuando los obstáculos están relacionados con puentes, azudes, vados u otras infraestructuras, sostiene que corresponde al titular de esas instalaciones proceder a su retirada.
La principal advertencia de la CHJ a los municipios se refiere a los cauces situados en zonas urbanas. El organismo recuerda que su limpieza y conservación corresponde a las administraciones competentes en materia de urbanismo y ordenación del territorio, fundamentalmente los ayuntamientos, aunque cualquier actuación debe respetar las competencias de la Administración hidráulica y contar con las correspondientes autorizaciones. La Confederación apoya este criterio en jurisprudencia del Tribunal Supremo.
La CHJ rechaza una limpieza generalizada de la vegetación
La respuesta de la Confederación entra también en el debate sobre el estado de la vegetación de los cauces y se muestra contraria a una limpieza generalizada. Según sostiene el organismo, los daños provocados por las inundaciones no se deben, por regla general, a la presencia de vegetación natural en los cauces, sino principalmente a la ocupación de zonas inundables y a la construcción de infraestructuras que reducen la capacidad de desagüe.
La CHJ advierte incluso de que un cauce completamente limpio puede tener un efecto contraproducente durante una avenida. La eliminación de la vegetación puede aumentar la velocidad y el calado del agua y, por tanto, incrementar los daños en las zonas situadas aguas abajo.
Frente a la petición de mantener los cauces completamente despejados, la Confederación defiende el papel que desempeña la vegetación de ribera. Según explica, contribuye a sostener las márgenes, reduce la velocidad de la corriente, favorece la laminación de las avenidas y permite conservar la biodiversidad de los ecosistemas fluviales.
Por este motivo, el organismo considera que mantener todos los cauces de la cuenca libres de vegetación sería un error desde el punto de vista hidráulico y ambiental y podría acabar incrementando los efectos de las crecidas.
Esto no significa, matiza la CHJ, que no puedan llevarse a cabo actuaciones concretas. Los ayuntamientos pueden intervenir en los tramos urbanos por motivos relacionados con la salubridad, el paisaje, la prevención de incendios u otras competencias municipales, pero deben hacerlo con autorización previa de la Confederación.
La CHJ acepta reunirse con la FVMP
La Confederación Hidrográfica del Júcar se muestra finalmente dispuesta a mantener una reunión de coordinación con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para abordar la situación de los cauces. El organismo asegura que se pondrá en contacto con la FVMP para organizar el encuentro.
La respuesta incorpora, no obstante, una puntualización: la CHJ afirma que no consta ninguna solicitud anterior de reunión por parte de la Federación.
De este modo, la contestación del organismo hidráulico no asume la petición de una limpieza generalizada de los cauces formulada desde el ámbito municipal y pone el foco en el reparto de competencias entre administraciones, especialmente en los tramos urbanos. Al mismo tiempo, defiende que la gestión de la vegetación debe realizarse de forma selectiva y atendiendo a criterios hidráulicos y ambientales, y no mediante una eliminación sistemática de la vegetación de los cauces.
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