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Los juzgados valencianos piden al CGPJ uno de cada tres refuerzos por casos de corrupción en España

Marcos Benavent, 'el yonqui del dinero', exgerente de Imelsa cuyas grabaciones destaparon el caso Taula

Miguel Giménez

Valencia —

De los 58 órganos judiciales que han solicitado la intervención de la unidad de apoyo para causas de corrupción -creada el 10 de marzo de 2015- en España, la mayoría de las peticiones (18, lo que supone el 31% del total) se han producido en la Comunitat Valenciana. Después de los valencianos se sitúan Andalucía (13) y Murcia (10), tal y como ha informado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las unidades de apoyo para causas por corrupción se encargan de tramitar las peticiones y elaborar una propuesta de medidas de refuerzo que después se eleva a la comisión permanente del CGPJ, que es el órgano que finalmente da el visto bueno. La mayoría de estas solicitudes proceden de los juzgados de Instrucción o Primera Instancia e Instrucción, responsables de la investigación de los delitos de corrupción, aunque en los últimos meses también han recibido solicitudes de órganos encargados del enjuiciamiento de este tipo de causas.

Estos refuerzos consisten en la incorporación de jueces o magistrados de refuerzo, así como funcionarios tanto del Ministerio de Justicia como de la conselleria, además de medios materiales: adecuación de las dependencias judiciales, escáneres, sistemas de videograbación, equipos de multicopia, etc. También se han requerido refuerzos a la dirección general de la Policía, la Agencia Estatal de Administración Tributaria o la Intervención General del Estado.

El número de solicitudes se ha incrementado desde la publicación, en julio de 2017, de la 'Guía práctica de actuación en la tramitación de causas complejas por corrupción', que propone pautas de actuación en la investicación de los tipos delictivos incluidos en el ámbito competencial de la unidad de apoyo para causas de corrupción, como las defraudaciones, insolvencias punibles, alteración de precios en concursos y subastas públicas, delitos relativos a la propiedad intelectual, industrial y al mercado y los consumidores, corrupción entre particulares, delitos societarios, blanqueo de capitales o delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social.

También en la investigación de delitos de prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y delitos de corrupción en las transacciones internacionales.

La corrupción en el PP copa los juzgados

En 11 de los 21 juzgados de Instrucción de la ciudad de Valencia se investigan causas de corrupción relacionadas con el Partido Popular. Precisamente, el partido judicial de Valencia ha recibido recientemente tres jueces de refuerzo (a los órganos que investigan el caso Taula, las irregularidades en el Palau de les Arts y la causa contra el exconseller Rafael Blasco por el saqueo de los fondos para cooperación) y se ha creado una unidad de apoyo para agilizar los trámites de las investigaciones con otras instituciones.

Además, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, la Audiencia de Valencia y juzgados de Instrucción de Alicante, Orihuela, Paterna, Sagunto, Llíria, Elche o Castellón también juzgan o investigan causas vinculadas con el partido de Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra.

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