Más de cuarenta organizaciones muestran una “profunda indignación” ante la propuesta de Casado de aplazar la expulsión de mujeres migrantes que den sus hijos en adopción

Más de cuarenta colectivos y entidades sociales han mostrado su “más profunda indignación” a través de un comunicado con motivo de la propuesta del Partido Popular de aplazar las deportaciones de las mujeres migrantes en situación administrativa irregular a cambio de dar a sus hijos e hijas en adopción. “A pesar de los desmentidos y matizaciones que se han visto obligados a hacer posteriormente por el rechazo mayoritario a esta medida, expresamos nuestra gran preocupación por el mero hecho de que se haya llegado siquiera a plantear, así como por haberla hecho pública”, alertan en el comunicado firmado por entidades como la Campaña por el cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones València, CEAR-PV, València Acull, la Coordinadora Valenciana ONGD o la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados AIPHYC, entre otras.

Según apuntan, el plan anunciado por el partido de Pablo Casado “instrumentaliza a las mujeres y la infancia migrante con un uso claramente electoralista de cara a la campaña y profundiza en el discurso racista y xenófobo que venimos escuchando respecto a las personas migrantes desde diferentes partidos políticos”. Asimismo, aseguran que el contenido de esta medida implica también una utilización “burda y evidente” de las mujeres migrantes como un medio para contribuir a aumentar la natalidad y mercantiliza de esta forma su cuerpo.

En el comunicado firmado por más de cuarenta organizaciones denuncian que la propuesta obedece a una lógica de “racismo institucional que ya se viene practicando desde hace décadas en el Estado español contra las mujeres migrantes, a las que en la actualidad se las puede deportar contra su voluntad aun estando embarazadas, en concreto hasta las 24 semanas de gestación”.

Los diferentes colectivos también exigen la derogación de la Ley de Extranjería, ya que, según apuntan, convierte “a la población migrante en ciudadanos y ciudadanas de segunda, a merced de unos papeles para el reconocimiento de sus derechos, y que las expone a la explotación laboral y a todo tipo de abusos”.