Pérez Garijo (EU) apunta que la imputación del PP demuestra que “no son casos aislados”
“El Partido Popular nacional fue el primer partido imputado en la historia de la nuestra democracia y ahora el Partido Popular de la ciudad de Valencia también lo está por un presunto delito de blanqueo de capitales, después de que lo fueran todos sus concejales –excepto uno-, y asesores. Esto demuestra que no se trata de ‘manzanas podridas’ ni de ‘casos aislados’”, ha afirmado la diputada provincial por Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, tras el levantamiento del secreto del sumario de blanqueo en la operación Taula.
“La corrupción es el sistema”, ha asegurado la diputada, para quien el Partido Popular “ha sido el engranaje de ese sistema”. En su opinión, “los valencianos están sufriendo un ‘Tangentópolis’ propio, como en Italia en los años 90”.
Según Pérez Garijo, la ciudadanía valenciana ha sido “la gran perjudicada de esta presunta trama mafiosa en forma de deuda, recortes y un lamentable estado de los servicios públicos”. Aun así, “igual que hemos trabajado para echar los corruptos de las instituciones, ahora estamos trabajando de lo lindo para revertir la situación y tener unos servicios públicos de los cuales sentirnos orgullosos”, ha añadido la diputada.
Informe jurídico
Esquerra Unida también ha presentado este lunes un informe jurídico, elaborado por el catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València Carlos Alfonso Mellado, acerca de la legalidad de las contrataciones de personal de confianza por parte de la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia.
El citado documente establece que la contración de asesores es legal y que puede realizarse “al margen de los principios de igualdad, mérito y confianza por implicar una relación de confianza”, ha explicado Pérez Garijo, quien no obstante puntualizaba que la responsabilidad de la contratación era del gerente, “que era quien firmaba los contratos”. Así, ha matizado que los consejeros de la empresa pública “no tenían ninguna competencia al respecto”, más allá de “dar el nombre del asesor”.
Esta opinión, insiste Pérez Garijo, se sustenta en diversas sentencias del Supremo.
