Perfil bajo del PP valenciano ante las peticiones de excarcelación del expresident Eduardo Zaplana
Hace ahora una semana, el expresident de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana era trasladado desde la cárcel de Picassent, donde permanece ingresado desde que hace siete meses fuera detenido acusado de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación en el marco de la operación Erial, hasta el hospital La Fe de Valencia, donde debía someterse al tratamiento contra la leucemia que se le diagnosticó hace años.
Desde entonces, han sido numerosas las peticiones de libertad para el exdirigente popular. Desde el propio PP, a través de su perfil oficial en twitter donde aseguraba que la vida de Zaplana está “en serio riesgo” y pedía “un poco de humanidad”, hasta el actual jefe del Consell, Ximo Puig, pasando por otros políticos como José María Aznar, Pablo Iglesias o Arnaldo Otegi, entre otros. El último en hacerlo ha sido el expresidente de Nuevas Generaciones en Valencia José Luis Bayo, quien se enfrentó a Pablo Casado en las pasadas primarias para dirigir el PP y que ha iniciado una campaña de recogida de firmas para solicitar la libertad del exjefe del Consell.
Esta petición de 'clemencia' contrasta, no obstante, con el perfil bajo del PP valenciano, que no se ha manifestado ni a través de los canales oficiales ni por boca de sus máximas representantes, la presidenta del partido Isabel Bonig o su número dos, Eva Ortiz. Precisamente, Ortiz explicaba hace unas semanas en una entrevista a eldiario.es: “Me duele mucho que Zaplana esté pasando por un estado de salud tan delicado. Pero yo no voy a valorar decisiones de jueces y forenses que han sido preguntados sobre esa cuestión. Quiero que cuanto antes los juzgados tomen una decisión. Y entiendo que cuando hay una juez, un fiscal y unos médicos que han respondido en distintas instancias a una petición en ese sentido debe ser así. Aunque me dé mucha pena”.
Quien sí que también se ha manifestado, y lo ha hecho para pedir la excarcelación del expresident de la Generalitat, ha sido el presidente de la Diputación de Alicante -hombre próximo a Pablo Casado-, César Sánchez, quien apuntaba a través de las redes sociales: “Desde mi absoluto respeto a la justicia, espero y deseo que Eduardo Zaplana no vuelva a prisión preventiva. Para una persona enferma, cuya vida corre peligro, el sistema debe encontrar una forma más humana para afrontar su situación judicial”.
Presiones a la jueza
En las últimas horas, el exdiputado navarro del Partido Popular Jaime Ignacio del Burgo ha remitido un escrito al Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia para pedir la libertad provisional de Eduardo Zaplana, “quien está en la plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y además padece una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte según el último parte médico del Jefe del Servicio de Hematología del Hospital la Fe”.
En su escrito, Del Burgo califica a Zaplana de “víctima de una gran injusticia con grave riesgo de su vida”, por lo que reclama una resolución que decrete la libertad provisional del exministro del Gobierno de José María Aznar. Además, advierte, si no lo hace y se produjera “un acontecimiento irreparable”, del contenido de los artículos 446 y 449 del Código Penal, referidos a la prevaricación.
Zaplana se defiende por carta
Eduardo Zaplana, que si no cambian las cosas volverá a ingresar en prisión una vez finalice su tratamiento, tal y como ha venido reiterando la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, que ha rechazado hasta en cuatro ocasiones las peticiones de excarcelación realizadas por la defensa del exministro justificando motivos de salud, defendía el pasado fin de semana su inocencia en una carta hecha pública por su esposa, Rosa Barceló.
Zaplana negó haber cobrado comisiones y aseguró que es “imposible” su huida de España: “Puedo afirmar que jamás cobré comisión alguna por unas adjudicaciones públicas y jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas a las que serví”. Además, se preguntaba qué prueba puede destruir después de siete meses de privación de libertad“.
