El PP plantea que las costas del caso Valmor las pague quién presentó el recurso

El portavoz de Justicia del grupo parlamentario popular en Les Corts, José Císcar, ha anunciado que el PP se está planteando “muy seriamente” el ejercicio de acciones para que las costas del recurso interpuesto en el caso de la compra de Valmor las “pague quien, a sabiendas de que su proceder podría tener consecuencias millonarias para todos los valencianos, decidió entablar esos recursos omitiendo las reglas de la más elemental prudencia como en este caso recabar la opinión de la Abogacía de la Generalitat”.

Ciscar se ha referido de esta manera al “alto coste que tendrá que asumir la Generalitat, que podría ascender a un millón de euros”. En un comunicado, ha tildado de “sorprendente” que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, no solicitara un informe jurídico de la Abogacía antes de formalizar el recurso.

Este informe, afirma el PPCV, “podría haberle advertido sobre las escasas posibilidades de éxito de este recurso, causando además un daño moral y patrimonial absolutamente innecesario a determinadas personas”.

El diputado 'popular' ha denunciado que “lo que se está haciendo desde el Consell contra determinadas personas en el caso Valmor es una persecución política al más estilo totalitario” y ha defendido que “los valencianos no tienen que pagar el alto coste de las manías persecutorias del Consell”.

Así, ha señalado que “ya son muchas las resoluciones que señalan y apuntan que la compra de Valmor fue una buena decisión entre todas las posibles”. “Eso ya lo entiende todo el mundo excepto el Consell de Puig, que insiste en sus recursos de forma obsesiva y en todas partes en contra del criterio de jueces fiscales y tribunales”, ha añadido.

Por esta razón, Císcar ha anunciado que el grupo parlamentario popular se plantea “muy seriamente” el ejercicio de acciones para que esas costas procesales “las pague quien, a sabiendas de que su proceder podría tener consecuencias millonarias para todos los valencianos, decidió entablar esos recursos omitiendo las reglas de la más elemental prudencia como en este caso recabar la opinión de la Abogacía de la Generalitat”.