Cómo revertir el éxodo rural: tecnología, formación y accesibilidad a los servicios públicos, entre los proyectos de la Generalitat Valenciana

En la Comunitat Valenciana hay comarcas en las que la densidad de población no llega a 5 habitantes por kilómetro cuadrado. El dato choca con la imagen que hasta hace bien poco se ha promocionado de la autonomía, ese 'Levante feliz' con playas a rebosar y municipios plagados de edificios y segundas residencias. En un 80% del territorio valenciano vive el 20% de la población, un 40% de los municipios tiene menos de mil habitantes y un tercio de los municipios está en riesgo extremo de despoblación.

Los datos los desgranaba Jeanette Segarra, directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblación, una dirección adscrita a Presidencia de La Generalitat para luchar contra la desaparición de los municipios de interior. Segarra exponía este jueves la fotografía de la población valenciana en el acto de presentación de la Estrategia Avant 20-30, el paraguas de una treintena de proyectos que optan a financiación europea en el marco de los fondos Next Generation y que pretenden paliar el éxodo rural. “Esta comunidad parece uno de los más grandes desequilibrios territoriales del Estado”, señalaba.

Las consecuencias de este fenómeno, citaba la directora general, son palpables: menos iniciativas empresariales, menos actividades sociales, culturales, menos infraestructuras, menos servicios. Un pez que se muerde la cola; a menos infraestructuras, servicios y oportunidades, menos población. Por ello es necesario “hacer atractivo el espacio rural”, expresaba el president de la Generalitat, Ximo Puig, que considera que los jóvenes serán determinantes en la capacidad de recuperación y en la planificación estratégica.

El Ejecutivo autonómico y las universidades públicas han impulsado una estrategia que identifica los principales factores de despoblación y acciones para ponerle remedio. En el documento han participado ingenieros agrónomos, economistas, sociólogos y geógrafos y propone 250 medidas -que no se han hecho públicas- para paliar el éxodo rural y el envejecimiento de los municipios de interior.

Los proyectos presentados tienen un presupuesto estimado de 685 millones de euros y contemplan desde la oferta formativa de Formación Profesional en áreas rurales hasta el despliegue de infraestructuras de telecomunicaciones -en el plano de la digitalización, uno de los pilares de los fondos europeos-, pasando por planes de contratación para los servicios municipales. De la mano, la estrategia contra la despoblación plantea una fiscalidad diferenciada para el medio rural en riesgo, incentivos a empresas que se establezcan en el interior con perspectiva social y promoción del cooperativismo o programas de recuperación del patrimonio, en el eje económico.

En el plano medioambiental, se estudia una Ley de Equilibrio Territorial para establecer mecanismos que compensen los desequilibrios entre comarcas, además de acciones relacionadas con la conservación de los bosques, el uso de energías renovables, la calidad de las aguas, mientras que en el campo social el Consell se centra en la accesibilidad a servicios básicos: educación, sanidad y servicios sociales, además de recuperar las oficinas de servicios financieros -el acceso a los cajeros-.

La agenda servirá como herramienta para coordinar las actuaciones sobre el territorio por parte del Gobierno, las comunidades autónomas y las entidades locales. al margen de la estrategia, según detalla el Gobierno, de las más de 4.200 iniciativas recibidas en relación con la despoblación, más de 220 proceden de la Comunitat Valenciana y “marcan una clara orientación hacia la transición energética, la bioeconomía, el turismo sostenible, el desarrollo cultural y la transformación social”.

Durante el acto, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, anunciaba un convenio para crear un Centro de Innovación Territorial en Castellón, en el que administraciones, empresas y emprendedores puedan activar proyectos que impulsen el desarrollo de zonas afectadas por las urgencias del reto demográfico. Se trata de un proyecto piloto para “evaluar el modelo de implantación de este tipo de iniciativas sobre el territorio e identificar una estrategia de trabajo replicable en otras áreas rurales y capaz de adaptarse a las particularidades de cada territorio”, según comunica el ministerio en el marco de la estrategia para el reto demográfico.