Prórroga de la nuclear de Cofrentes, devolución de menores migrantes y premio de tauromaquia: las 100 exigencias de Pérez Llorca a Sánchez

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvieron este miércoles su primer encuentro bilateral, en el que acordaron la constitución de una comisión mixta para la reconstrucción tras la dana en la Comunitat Valenciana, con el objetivo de coordinar actuaciones y acelerar las obras necesarias para evitar nuevas inundaciones.

En el encuentro, Pérez Llorca entregó a Sánchez un documento (completo al final de la información) con las 100 exigencias que considera prioritarias para la Comunitat Valenciana. Se trata de un informe de 43 páginas que en muchos casos incide en el argumentario crítico del Gobierno valenciano en relación con la dana, por ejemplo con la gestión de las ayudas estatales. Fuera de la dana, las peticiones van en la línea del acuerdo de investidura alcanzado entre el PP y Vox en materia de inmigración, de apuesta por la energía nuclear o incluso la recuperación del premio nacional de tauromaquia, suprimido en mayo del pasado año por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Barrancos, presas y ayudas

Las primeras peticiones están encaminadas a la ejecución de las grandes infraestructuras hidráulicas para prevenir nuevas avenidas. Entre otras actuaciones se pide agilizar las obras de laminación y mejora del drenaje del barranco del Pozalet y de la Saleta; acondicionamiento del barranco de la Saleta; encauzamiento y drenaje en la Cuenca del Poyo; aumento de la capacidad de drenaje transversal de la A 3 en varios puntos como en su cruce con el AVE o el barranco del Poyo; encauzamiento de los tramos más peligrosos del río Turia; ampliación de la capacidad de desagüe del cauce del río Turia. Reducción del riesgo de inundación de la ciudad de Valencia y de l’Horta Sud mediante la ampliación de la capacidad de desagüe del nuevo lecho del Turia; presas de Villamarxant y de Cheste; y reparación urgente de la Presa de Forata.

En cuanto a las ayudas, plantean la resolución “de forma inmediata” de los expedientes pendientes del Consorcio de Compensación de Seguros: “Más de 1.100 expedientes empresariales continúan pendientes o con pagos a cuenta insuficientes, comprometiendo la recuperación económica de las zonas afectadas. Además, se debe revisar las tasaciones para que se ajusten al valor real de los bienes dañados”. Además, insisten en que “las ayudas del programa DANA, gestionadas por el Gobierno, están siendo tramitadas con una notable lentitud, lo que está generando retrasos en su llegada a los beneficiarios”.

Defensa de las nucleares y reforma del sistema de financiación

En cuanto a política energética la Generalitat Valenciana exige “autorizar la prórroga de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes más allá de 2030, ya que aporta cerca del 45 % de la demanda eléctrica de la Comunitat Valenciana” así como “garantizar un trato equitativo respecto a otras comunidades autónomas en materia nuclear.

Por otra parte, recuerda que el actual Sistema de Financiación Autonómica, fue aprobado el 18 diciembre de 2009 y en virtud de la Disposición Adicional Séptima de la propia Ley 22/2009 que regula el sistema actual, establece que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, valorará los distintos aspectos estructurales del Sistema de Financiación, con carácter quinquenal.

Una Ley que dejó relegada a la Comunitat Valenciana “al último lugar en ingresos por población, una Ley que debió ser revisada en 2014, y que por tanto lleva once años de retraso en su actualización”. Una actualización que debería “corregir la insuficiencia global y vertical del subsector de comunidades autónomas, debiendo garantizar la suficiencia estática del modelo como la dinámica, teniendo en cuenta los efectos del envejecimiento sobre el gasto público”, así como “establecer un grado de nivelación que sea al menos total en el gasto para los Servicios Públicos Fundamentales y reducir las divergencias de financiación por competencias homogéneas por habitante ajustado”.

Vivienda, protección de mujeres y dependencia

El presidente valenciano exige en el documento presentado, entre otras cuestiones, “agilidad en el proyecto del Cuartel de Ingenieros de València, frente al bloqueo del Gobierno de España la Generalitat Valenciana ha asumido su responsabilidad y ha impulsado directamente la licitación de 25 viviendas públicas en suelo propio”

Además, recuerda que “en noviembre de 2024 se solicitó formalmente al Ministerio de Vivienda la cesión gratuita a la Generalitat Valenciana de 1.056 viviendas de SAREB en la provincia de Valencia para ponerlas a disposición de personas afectadas por la DANA y atender realojos”.

También se solicita al Gobierno de España “el incremento de efectivos y dispositivos policiales para garantizar la protección efectiva de las mujeres en situación de riesgo”.

En cuanto a la dependencia, se insiste en la necesidad de que el Gobierno financie el 50% del coste efectivo de la dependencia, como está establecido en la Ley y como ya han acordado con Cataluña y el País Vasco. Del mismo modo, s eexige el pago de la deuda acumulada que asciende a 4.000 millones de euros.

Devolución de menores migrantes

El documento recoge la petición de la derogación del Real Decreto 2/2025, (que ya se ha recurrido ante el Tribunal Constitucional) para frenar un reparto de menores migrantes no acompañados en la Comunitat Valenciana: “Nos oponemos a un reparto que utiliza a los menores como mercancía y que deja fuera de la distribución a sus socios separatistas de Cataluña y el País Vasco. Se trata de una decisión impuesta, sin consensuar con las CCAA; sin dotarla de recursos y sin planificar que no puede ser asumida por unos centros de menores valencianos que ya están saturados”.

En este punto asume el argumentario de Vox al asegurar que “donde mejor está un menor es junto a su familia y por eso instamos al Gobierno a colaborar en la búsqueda de fórmulas legales que han llegado a nuestra Comunidad vuelven con sus padres y familias. Una apuesta que se combina con la coordinación en los países de origen para darles una oportunidad de futuro”.

Señas de identidad y dama Elche

El documento pone de relieve que “existen diversos organismos públicos, algunos de ellos financiados por los correspondientes ministerios, cuyas páginas web se encuentran en castellano, en alguna lengua extranjera, y en tres de las cuatro lenguas cooficiales presentes en España (catalán, gallego y euskera), omitiéndose el valenciano. Esto supone un incumplimiento de nuestro Estatuto de Autonomía y un ninguneo a la Comunitat Valenciana”

Además se reivindica la vuelta de la Dama de Elche, “una reivindicación histórica de la ciudad de Elche, que no está siendo atendida desde el Gobierno por lo que se solicita que se hagan públicos los informes técnicos que desautorizan el préstamo de la Dama de Elche para poder subsanar espacial y técnicamente esos informes y exhibir a la Dama de Elche con todas las garantías de conservación necesarias. El gobierno tiene la obligación de la cesión temporal de una pieza tan importante para la ciudad de Elche y toda la Comunidad Valenciana como es la Dama de Elche”.

También se pide el impulso del derecho civil valenciano que surge “en el siglo XIII y estuvo en vigor hasta 1707 con la supresión de la Corona de Aragón. Estas normas se han recuperado en otras autonomías como Aragón, Cataluña, Islas Baleares, País Vasco, Navarra y Galicia”.