El Puerto de València celebra un consejo telemático sin la adjudicación de la polémica ampliación en el orden del día

La Autoridad Portuaria de Valencia (APV) celebra este viernes un consejo de administración atípico marcado por la crisis del coronavirus.

Como informó eldiario.es, la reunión se producirá por videoconferencia y en el orden del día no figuran temas relevantes, más allá de trámites administrativos.

La entidad portuaria tendía previsto adjudicar en el consejo de administración del mes de marzo la concesión de 50 años a la compañía TIL, filial de MSC, para el equipamiento y gestión de la futura terminal que se proyecta en la polémica ampliación norte.

Sin embargo, la crisis del coronavirus ha provocado que el consejo se retrase a este viernes 3 de abril y en el orden del día no figura el asunto de la adjudicación, por lo que quedaría aparcado a la espera de salir de la actuación situación.

La Comissió Ciutat-Por, integrada por entidades vecinales y ecologistas, ya ha solicitado que se descarte la enorme infraestructura al considerar incompatible la inversión inicial que supondrá de unos 400 millones de euros de fondos públicos con la actual crisis sociosanitaria generada por la COVID-19 y con la emergencia climática. Además, recuerdan que carece de la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental (DIA), puesto que el actual proyecto nada tiene que ver con el validado en 2007.

Sí que figura en el punto tres la propuesta del presidente de la APV, Aurelio Martínez, de solicitar delegación en su persona de las competencias del consejo de administración mientras permanezca en vigor el estado de alarma declarado por el Gobierno central.

Como informó este diario, esta es una de las medidas extraordinarias que ha previsto Puertos del Estado (PE) como consecuencia de las acciones de contención del COVID-19 decretadas por el Gobierno de España y quedan plasmadas en el documento 'Recomendaciones de actuación para las Autoridades Portuarias ante la crisis creada por el COVID-19 y medidas adeptas por Puertos del Estado'.

Según este documento, “en previsión de que, como consecuencia de la crisis provocada por el Covid-19, sea preciso adoptar con carácter inmediato medidas de extraordinaria urgencia y necesidad que sean competencia del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria a tenor de las disposiciones legales, Puertos del Estado entiende oportuno que los consejos de administración de las Autoridades Portuarias, para esos supuestos exclusivamente y sólo mientras permanezca en vigor el estado de alarma decretado por el Gobierno de la Nación (incluyendo sus eventuales prórrogas), se puedan plantear, de reunirse, delegar sus competencia en sus presidentes o presidentas”.

No se trata, sin embargo, de un cheque en blanco, ya que, en caso de producirse la delegación que se aprobaría por votación con mayoría simple, “cuando se hiciere uso de la misma, se deberá convocar al consejo de administración para que ratifique o no la actuación de la presidencia”.

De esta forma, “si en el plazo de siete días hábiles desde que la decisión fue adoptada el consejo de administración no la hubiere convalidado, quedará automáticamente sin efecto”.