Puig moviliza a los ayuntamientos valencianos por una mejor financiación

Un total de 248 ayuntamientos de todos los colores políticos se han sumado este sábado al manifiesto en defensa de la reforma del sistema de financiación autonómica, que ya fue aprobado por unanimidad en las Corts y al que se adhirieron también los agentes sociales, para evidenciar que las corporaciones locales también dicen “basta” a que la región sea “la hija pobre” con un Gobierno central que se comporta como “la madrastra malvada” del cuento.

Así lo ha indicado el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, que ha intervenido en el acto institucional celebrado en el Palau de la Generalitat, al que han acudido además de los alcaldes firmantes el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la vicepresidenta, Mónica Oltra, los distintos consellers, los alcaldes de Valencia (Joan Ribó), Alicante (Gabriel Echávarri) y Castellón (Amparo Marco), o el presidente de las Corts, Enric Morera, entre otros.

Alfaro ha destacado que los ayuntamientos lanzan así una voz “unánime y elevada” en la reivindicación de un sistema de financiación justo, al tiempo que ha querido “romper una lanza en favor del municipalismo”, para asegurar que los ayuntamientos no son “un juguete” y tras ser considerados en su día como “un lastre” para el Estado el Gobierno no puede ahora darles “una palmada en la espalda” por haber hecho las cosas bien pero no dejarles “invertir el resultado” en sus ciudadanos.

Por su parte, el presidente de la Generalitat ha incidido en que lo que pide la Generalitat, junto al resto de instituciones y sociedad civil, es que los valencianos sean tratados por el Estado como el resto: “No queremos ser más que ningún español, lo que no queremos es ser menos”.

“Sin financiación autonómica no hay autogobierno y nadie quiere una Generalitat descafeinada”, ha apuntado el 'president', que ha indicado, ante la proximidad del 25 d'Abril, que “no puede haber otra batalla de Almansa para la Comunitat Valenciana”.

Por ello, ha instado a los presentes a trabajar, como hicieran en 1979 por el autogobierno, que “no cayó del cielo”, por una financiación justa, en defensa de “cinco millones de voces que exigen sustituir la desigualdad por justicia”. Además, ha dedicado un refrán valenciano al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro: “La claridad es la madre de la igualdad”.

Tras destacar que los ayuntamientos son “un elemento de unión” en esta lucha por una financiación “justa”, ha incidido en que hay una “profunda desigualdad” y “no se está cumpliendo la Constitución”, al tiempo que ha pedido al Gobierno en funciones que no continúe con sus “ataques” a la Comunitat Valenciana.

En este sentido, ha apuntado que a la infrafinanciación se suma el hecho de que el Gobierno “aprieta y ahoga fuerte y sin compasión” al calificarla como comunidad “incumplidora” y exigir más recortes cuando “gasta lo imprescindible”.

Para Puig, “el problema que tiene España y el déficit no es culpa de las comunidades, que han hecho esfuerzos muy importantes” y ha indicado que si el Ejecutivo central “no fuera tan cínico” evitaría “amenazas” a quien sufre infrafinanciación. Ahora, ha continuado, “es momento de decir basta” porque “la distribución del sacrificio ha sido profundamente igual”, con una Administración central que ha hecho una distribución “arbitraria” del objetivo de déficit.

Ha defendido su propuesta para una financiación que garantice la igualdad de los ciudadanos y también la singularidad de los territorios, y ha advertido de que cuando estos acaban enfrentándose, “como está provocando en estos momentos el Gobierno de España, lo único que provoca es desafección”.

Respecto a la presencia de alcaldes del PP en el acto --han firmado el manifiesto un total de 28-- ha recordado que el PPCV “ha dicho reiteradamente que está a favor de esta posición” y ha remarcado que esto “es una cuestión de todos, no hay partidismos: es un problema de los valencianos”.

“CÓCTEL LETAL DE CORRUPCIÓN E INFRAFINANCIACIÓN”

Ante los medios, el presidente ha admitido que en la Comunitat ha habido “un cóctel letal” compuesto por la “infrafinanciación manifiesta” y por la mala gestión y la corrupción, aunque ha instado a separar ambos ingredientes.

Ha reconocido que la corrupción supone “una hipoteca reputacional y un hándicap a la hora de reivindicar” y ha indicado que “desgraciadamente” la mala gestión y la corrupción la tienen que pagar los valencianos: “No queremos endosársela al resto de España”.

Ahora bien, ha proseguido, “hay otra parte, la infrafinanciación”, respecto a la cual el pueblo valenciano debe ser tratado con “igualdad y equidad”.

“MALTRATADOS SIN NINGUNA RAZÓN”

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha sido el encargado de leer el manifiesto, en el que se pide una reforma inmediata del sistema de financiación autonómico con efectos a 1 de enero de 2014, el reconocimiento del déficit de financiación acumulado desde que se realizaron las transferencias de competencias a la Comunitat, cifrado en “al menos 12.433 millones” de euros, así como inversiones en infraestructuras equiparables al peso poblacional de la región en España.

ATAQUE A LA INTEGRIDAD DEL PUEBLO VALENCIANO

Por su parte, la vicepresidenta ha recordado que la Comunitat es “una anomalía democrática” porque es “una comunidad pobre que paga como si fuera rica” y ha precisado que cuando se habla de derechos, en abstracto, se está hablando de “educación, justicia, servicios sociales, igualdad o sanidad” y hay “un correlato directo entre la financiación constitucional y la felicidad de las personas”.

“Cuando a este pueblo se le niega la financiación que en justicia le corresponde no se ataca al Consell ni al conjunto de la Generalitat, que ya sería grave, se ataca la integridad completa del pueblo valenciano”, ha destacado Oltra, que ha asegurado que todo el pueblo unido se configura como “una mata de junco” difícil de arrancar que “simplemente exige lo que en justicia le corresponde”.

Por último, el alcalde de Valencia ha señalado que la lealtad a los ciudadanos “traspasa instituciones” y el Gobierno debe saber que ya no se conforman. Además, ha censurado que éste impone unas exigencias de déficit que “difícilmente podría aplicarse a sí mismo” y ha criticado la falta de inversiones en actuaciones como el túnel pasante o el contrato programa para el transporte metropolitano.