¿Quién se queda la finca del exconseller corrupto?

La finca de Rafael Blasco en la Barraca d'Aigües Vives (Alzira).

Los abogados de Rafael Blasco quieren que algún postor la pueda adquirir a bajo precio y la Generalitat Valenciana está dipuesta a quedársela si es necesario, no solo para que su precio sea mayor sino para evitar que caiga en manos de un testaferro. La finca que el expolítico del PP condenado por corrupción tiene en la Barraca d’Aigües Vives (Alzira) se ha convertido en la pieza central del pulso que el Gobierno valenciano mantiene para recuperar el dinero que debe el exconseller condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas de cooperación al desarrollo en la época del PP.

El pasado día 22 de septiembre se celebró en el Tribunal de Cuentas una vistilla sobre la subasta de la lujosa casa diseñada por el arquitecto Vicente Guallart y rodeada de naranjos que se le embargó a Blasco en la primera pieza de las tres en las que se ha juzgado el saqueo de los fondos de cooperación de la Generalitat Valenciana cuando él fue conseller, en los años 2008 y 2009. Se trataba de establecer en la vistilla las condiciones para la subasta de la finca, que Blasco intentó a principios de 2019 que se vendiera por 410.000 euros, cuando alegó tener una oferta de compra. Aquel movimiento puso en guardia a la Generalitat Valenciana, que se negó rotundamente y pidió una tasación propia. Como consecuencia, se reclamó una tasación al Colegio de Procuradores de Madrid, que ha evaluado en 891.058 euros la finca, más del doble de aquella supuesta oferta.

Blasco debe pagar a la Administración valenciana 2,7 milllones de euros en concepto de responsabilidad económica por su condena de seis años y medio de cárcel (que ya ha cumplido) en la pieza 1, centrada en el saqueo de sendas subvenciones de ayuda al desarrollo en Nicaragua, más la cantidad que se establezca en las piezas 2 y 3, sobre la red de ONG y empresas creada para defraudar las ayudas a la cooperación internacional y a un proyecto fallido de hospital en Haití, juzgadas conjuntamente y por las que fue condenado el pasado mes de abril a un año de cárcel por la Audiencia de Valencia.

La propuesta de la Generalitat Valenciana de poder ejercer el derecho de tanteo y retracto fue rechazada ante el Tribunal de Cuentas por la representación de Blasco, que no quiere que la Administración autonómica pueda llegar a quedarse la finca de la Barraca d’Aigües Vives. En el Tribunal de Cuentas denegaron al Gobierno valenciano esa posibilidad, y la Abogacía de la Generalitat Valenciana recurrirá para que el juez permita, en última instancia, a la Administración valenciana participar en la subasta. La finca tasada en 891.058 euros tendrá que ser vendida por un mínimo del 70% de su valor, porcentaje que supone unos 624.000 euros.

¿Por qué está el Gobierno valenciano dispuesto a quedarse la propiedad? Porque resulta poco claro que Blasco pretenda rebajar el precio de la subasta de un inmueble que habrá de contribuir a reducir la deuda con la Generalitat derivada de su condena. En principio, cuanto mayor precio alcanzara en la subasta sería mejor para él porque reduciría más su cuenta pendiente. Salvo que exista otro interés por facilitar su compra a terceros y evitar que sea la propia Generalitat Valenciana la que se convierta en propietaria de la finca.

Hacerse con la propiedad de los bienes embargados es algo que el Gobierno valenciano ya ha puesto en práctica en este mismo caso. Según los datos de la unidad de recuperación que gestiona el director general de Relaciones con las Corts Valencianes, Antonio Torres, si se vende la finca de la Barraca d’Aigües Vives por el precio de tasación, se habrán recuperado 1,5 millones de euros del fraude en las ayudas de cooperación.

Hasta ahora, la Generalitat Valenciana ha rescatado 771.194 euros por los bienes embargados a los condenados en la primera pieza del caso, aunque a los afectados solo les ha supuesto descontar 426.475 euros de sus condenas. Así, el Gobierno valenciano decidió quedarse tres inmuebles que la trama había comprado en Valencia con dinero de los proyectos en Nicaragua. Tasados en 290.684, 179.124 y 97.042 euros, fueron incorporados al patrimonio de la Administración valenciana por el 50% de esas cifras, 145.317, 89.562 y 48.521 euros, respectivamente. Esa fue la opción tras comprobar cómo otra propiedad embargada, un piso en Castellón tasado en 204.393 euros, que salió a subasta por el 70% de su valor, 143.075 euros, recibió una oferta de solo 64.390 euros.

A estas cantidades habrá que sumar lo que se consiga de la subasta que un juzgado estadounidense está ultimando de dos apartamentos en Miami embargados a Augusto César Tauroni, el hombre de confianza de Blasco, segundo condenado en importancia por el caso Cooperación.

Y queda pendiente aclarar la responsabilidad económica derivada de las condenas que no fueron objeto de acuerdo con la Fiscalía en la segunda y la tercera piezas. La Generalitat Valenciana solicitó en aclaración de sentencia que la Audiencia de Valencia estableciera las cantidades que Blasco y Marc Llinares, otro de los principales condenados, deben pagar para responder del perjuicio causado. Sin embargo, la Audiencia reiteró la semana pasada que ha de ser el Tribunal de Cuentas el que establezca esas cantidades.

Esa decisión implica que la Generalitat Valenciana inicie una reclamación ante el Tribunal de Cuentas que dilatará el procedimiento. El Gobierno valenciano estima al menos en 4,6 millones de euros el dinero defraudado por la trama de las ayudas a la cooperación internacional.

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27 de septiembre de 2020 - 06:14 h

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