¿Reestructuración de la deuda o impago soberano?

Algunas reflexiones de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda de Valencia en respuesta a la resolución Auditoría y reestructuración de la deuda: una propuesta para Podemos de Alberto Montero Soler, Bibiana Medialdea García y Nacho Álvarez Peralta.

Varios documentos recientes de Podemos apuntan a un cambio de tendencia respecto a su política contra el sistema deuda, llamado también últimamente Deudocracia. El documento Mover Ficha, convertir la indignación en cambio político, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, proclamaba: “Hay que derogar el artículo 135 de la Constitución española y [ejercer] una moratoria para llevar a cabo una auditoría ciudadana de la deuda que determine qué partes de la misma no son legítimas; las deudas ilegítimas no se pagan.” Pasadas las elecciones europeas, con el resultado esperanzador de Podemos, el grupo promotor ya no habla de auditoría ciudadana sino de “auditoría pública”. No se menciona tampoco la posibilidad del no pago de la deuda. La resolución presentada y adoptada en la asamblea ciudadana del 18 al 19 de octubre pasado, Auditoría y reestructuración de la deuda: una propuesta para Podemos, y la visión de Juan Torres López[2], encargado junto con Vicenç Navarro de proponer un programa económico para Podemos, nos muestra otra vía, la de la reestructuración.

De manera general, y a modo de introducción, nos sorprende este posicionamiento a favor de una reestructuración de la deuda cuando se sabe, desde hace años, que diversos movimientos sociales luchan para lograr el no pago de la deuda, cuando se sabe que desde hace tres años en el Estado español, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD) se identifica con el lema: “No debemos, no pagamos”.

La historia nos enseña que un país gana en soberanía cuando se enfrenta con fortaleza a sus acreedores, no para negociar o reestructurar, sino para rechazar el pago de lo que considera ilegítimo, ilegal u odioso. El significado de “reestructurar” es Modificar la estructura de una obra, disposición, empresa, proyecto, organización, etc.[3], o dicho de otra forma, significa remodelar o reorganizar, lo que supone el mantenimiento de la estructura existente. La diferencia entre la propuesta de Podemos y la que venimos impulsando desde la PACD desde 2011 es notable: cuando hablamos del no pago, estamos convocando a la acción popular hasta conseguir la anulación de la parte de la deuda identificada como ilegitima o ilegal; es decir, queremos repudiar aquello que consideramos ilegítimo. El significado de “repudiar” es Rechazar algo, no aceptarlo[4]. Por lo tanto, en vez de reestructurar lo que deseamos es desembarazarnos del sistema deuda, aquél que sojuzga a los pueblos y los hunde en una espiral de miseria y miedo, debido a un conjunto de deudas contraídas en su nombre sin consulta ni autorización popular previa.

No pensamos que pueda existir una “naturaleza cooperativa entre acreedores y deudores”, sino que se precisa una actuación firme y contundente por parte de los segundos para hacer frente a la deuda ilegítima. A diferencia de la resolución de Podemos, no queremos negociar para llegar simplemente a una “reducción en el valor facial de las hipotecas de primeras viviendas”. No pedimos tampoco una reestructuración de la deuda hipotecaria como lo propuso el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, este 21 de octubre en el Parlamento, apelando al desacreditado Fondo Monetario Internacional (FMI)[5]. Es imprescindible anular en su totalidad, y sin condicionante alguno, las deudas hipotecarias de las familias con dificultades para pagar. Se trata de una cantidad algo inferior a los 30.000 millones de euros[6] mientras se destinó más del doble (64.262 millones de euros sin incluir avales) para rescatar tan sólo al sector bancario con dinero público[7].

El pueblo debe ser el protagonista del cambio

El papel de la ciudadanía es central dado que debe ser el protagonista de un proceso de auditoría, democrática y transparente. Como dicen los autores de la resolución, “Una auditoría ciudadana de la deuda es un instrumento de concienciación y movilización social …”. Pero eso ocurre solamente si el pueblo es el protagonista. Su función, en ningún caso, deberá reducirse a controlar, vigilar y difundir un trabajo de expertos: la razón obvia es que los técnicos, por la propia naturaleza de su trabajo, desconectan fácilmente del drama humano provocado por la deudocracia. Mientras los expertos pueden facilitar datos, la auditoría necesita participación activa de la sociedad para discernir qué deudas pueden considerarse ilegítimas, dado que aquí nos encontramos en el terreno político donde la síntesis y el análisis concierne a todos.

Aunque representa el obstáculo más escandaloso para cualquier avance en materia de deuda, observamos lamentablemente, que la resolución no menciona el cambio del articulo 135 de la Constitución que prioriza el pago de la deuda por encima de cualquier necesidad social. Desde la PACD Valencia consideramos que la respuesta no puede proceder solamente de los países periféricos: debemos diferenciar entre los que padecen de la deuda y los que se aprovechan de ella, no entre países periféricos y no periféricos. El objetivo NO puede ser “recuperar un nivel de endeudamiento y una senda de sostenibilidad de la misma que posibilite la recuperación de los niveles de bienestar de la población”: la solución de anular solamente la parte insostenible de la deuda se limita a asegurar al acreedor la continuidad del cobro sin cuestionar su legitimidad. Más pronto que tarde nos encontraremos en la misma senda de endeudamiento y con los mismos problemas de hoy. La reestructuración es una receta de la casta que sólo sirve para que todo vuelva a empezar como ocurrió en Grecia. Queremos acometer una Auditoría integral y participativa de la deuda pública y profundizar en el debate, organización y movilización, en torno a la necesidad de suspensión del pago. Nuestro objetivo es NO pagar la deuda ilegitima tomada en nuestro nombre, sin nuestro consentimiento, que no benefició a la población y que ya hemos pagado varias veces, porque al final, con tanto robo y despilfarro, somos el pueblo, el verdadero acreedor. Además de no querer pagar lo que no debemos, exigimos que paguen los ladrones, corruptos y responsables de esta situación.