Los representantes del sector primario piden crear un 'cluster' de conocimiento y garantizar la soberanía alimentaria

Los representantes de los agricultores y ganaderos valencianos han comparecido este lunes en la segunda sesión de la comisión de reconstrucción de las Corts valencianes. Los representantes de La Unió de Llaurados y AVA-ASAJA han reclamado medidas de protección al sector, que, aseguran, ha visto menguadas las ayudas públicas, así como medidas que garanticen la soberanía alimentaria, una cuestión que la COVID-19 ha puesto en la agenda.

La Unió de Llauradors i Ramaders ha propuesto el desarrollo de un instrumento público de estabilización de ingresos, dirigido al menos a los profesionales de la agricultura y la ganadería, en el marco del Programa de Desarrollo Rural cofinanciado por la UE, así como mancomunar servicios que favorezcan la puesta en el mercado de productos. Estas han sido dos propuestas de su secretario general, Carles Peris, que ha cifrado en 54.745 agricultores y ganaderos los que han dejado el sector entre 1997 y 2016, lo que representa una disminución del 33 %, mientras se permite la entrada de producciones de países terceros que “no cumplen los estándares” que se exigen aquí.

El sector primario ha sufrido una reducción de las ayudas públicas para su mantenimiento, una reducción de inversiones en modernización de regadíos, en investigación de nuevas variedades y lucha contra plagas, acuerdos bilaterales con países terceros sin tener en cuenta a los productores europeos, con especial mención a la entrada de plagas que arrasan las producciones valencianas, ha afirmado. También ha reclamado crear un clúster agroalimentario de conocimiento valenciano y aumentar la investigación pública para desarrollar variedades públicas protegidas adaptadas a las nuevas demandas de mercado. Para Peris, la pandemia ha puesto de relieve la importancia de reforzar el papel de las Administraciones en los ámbitos relativos a la seguridad sanitaria y alimentaria y que hay que trabajar para que el gasto público impulse estos dos aspectos.

La Unió cuestiona que las grandes empresas multinacionales acaparen el material vegetal, las nuevas patentes de variedades y los nuevos productos fitosanitarios para luchar contra las plagas, y ello crea una dependencia externa “peligrosa” en aspectos básicos relacionados con la producción de alimentos y sanidad vegetal. La covid-19, según Peris, ha puesto de manifiesto que el sector agrario valenciano necesita un punto de equilibrio económico entre la economía de mercado y el hecho de ser un sector considerado estratégico para la producción de alimentos. “Hay que planificar y establecer una dotación económica suficiente para la investigación pública, la formación y la seguridad alimentaria para proteger la agricultura y el medio rural. Puede ser sea el momento de definir una planificación estratégica de la producción para situaciones excepcionales cíclicas”, ha afirmado Peris.

El colectivo pide celeridad a les Corts para que aprueben una ley que cree el Consell Agrario de la Comunitat Valenciana, como órgano institucional para canalizar la participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias en la elaboración de las políticas agrarias y de desarrollo rural, que elabore una lista de prácticas comerciales desleales.

El presidente de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal Aguado, ha pedido para la reconstrucción del sector “una hoja de ruta consensuada al menos a diez años, gobierne quien gobierne, para reconducir el rumbo desnortado y suicida de las políticas agrarias”.

En su intervención, ha pedido a todos los partidos que busquen “un camino de consenso, aparcando ideologías y poniendo todos de su parte pragmatismo, respeto, inteligencia y generosidad” y ha advertido: “De Madrid no podemos esperar nada”.

Ha expuesto, por tanto, una serie de reivindicaciones de competencia autonómica “que no cuestan dinero, únicamente voluntad política para su aplicación inmediata”: un observatorio de precios que suministre una información al sector; el cálculo de los costes medios de producción; el control de las superpoblaciones de fauna salvaje; medidas contra los robos en el campo; la simplificación de la burocracia e inspecciones en puntos de venta.